Escucha esta nota aquí

El Gobierno Municipal determinó ampliar, por segunda vez, el contrato millonario de aseo urbano con la empresa Vega Solví, esta vez, por un periodo de 19 meses. Con esto la empresa brasileña podrá continuar con sus operaciones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta abril del 2022, toda vez que la primera ampliación tiene vigencia hasta este 25 de septiembre de 2020.

La nueva modificación generó críticas de concejales de oposición y de activistas políticos, quienes no solo observan el monto que se paga por el servicio, sino también que se vuelva a extender el contrato, pese a que en 2018 la Alcaldía aseguró que solo se haría una modificación, tal como se permitía en el contrato firmado hace siete años.

En 2013 se adjudicó el servicio de aseo urbano a Vega Solví mediante contrato N° 15/2013, con vigencia de cinco años. En este acuerdo de partes se fijó que se permitiría ampliar la vigencia por una sola vez. Así se lo hizo, en enero del 2018, cinco meses antes de que concluya, se firmó una ampliación por más de dos años.

Desde entonces la Alcaldía anunció que evaluarían los términos para una nueva licitación, pero esta no se concretó y finalmente en julio de este año se amplió de nuevo. Esta vez mediante la ley municipal de emergencia que “garantiza la continuidad del servicio de aseo urbano, N° 1299”, en esta se justifica que, además de la emergencia por coronavirus, es prioridad garantizar el servicio.

Justificación y críticas

El gerente general de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz), Johnny Bowles, explicó que la ampliación fue decidida ante la situación socio económica del país y la imposibilidad material, administrativa, técnica y legal para realizar un proceso de contratación mediante licitación pública internacional o contratación por emergencia.

Las reacciones no se dejaron esperar. La concejal Rosario Schamisseddine considera que en realidad la Alcaldía esperó hasta último momento del contrato para que no exista otra opción que ampliarlo.

Por las características del servicio de recojo de basura, éste se adjudica a través de una licitación internacional y el proceso toma al menos seis meses.

Schamisseddine agregó que, con el objetivo de evitar una nueva excusa para ampliar, envió el 2 de enero de este año, lejos de la fecha de vencimiento de contrato y cuando aún no había pandemia, una minuta al ejecutivo en la que pedía que se considere la licitación, a fin de “que no se vuelva a pisar el tiempo”. “Las explicaciones (de la nueva ampliación) atentan contra la inteligencia, están burlándose de la ciudadanía”, remarcó.

Similar postura tuvo el exconcejal Manuel Saavedra, quien enfatizó que no hay forma de que la Alcaldía justifique legalmente una nueva ampliación, pues en el contrato inicial solo se permitía una.

Además, resaltó que la Alcaldía debía tomar previsiones pues hace dos años ya se sabía la fecha de conclusión.

“¿En qué impide una pandemia a que se lance una licitación transparente?, no hay forma de justificar una modificación más. No nos olvidemos que son ampliaciones multimillonarias. Hay una cuestión de transparencia, un cambio de este tipo no se puede hacer entre cuatro paredes”, sostuvo.

Por su parte, el concejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández explicó que en sesión del Concejo, la alcaldesa Angélica Sosa expuso factores técnicos y económicos para finalmente dejar a las nuevas autoridades municipales esta licitación.

Costo y solicitud de auditoría

En el artículo 4 de la Ley municipal N° 1299 de este año, se establece que “el precio de los servicios prestados por el proveedor, determinados en el Contrato N° 015/2013, deben permanecer inalterables durante la vigencia de la prórroga”.

En el documento inicial, se fijó que por cinco años se pagaría más de Bs 1.079 millones, luego se hizo una ampliación de más de dos años y según los concejales consultados, aún no se rindió un informe de la inversión en la primera ampliación.

Aunque, Fernández estimó que en ese periodo se pagó alrededor de Bs 200 millones, por lo que en total en los siete años de contrato, se habría pagado a Vega Solví alrededor de Bs 1.200 millones.

Esta semana se consultó a Emacruz  cómo se proyecta la inversión para este segundo periodo. Sin embargo, la respuesta fue muy esquiva: “Las inversiones para el cumplimiento de los ítems del contrato, son las necesarias para garantizar la calidad y el cumplimiento del mismo”.

El recojo de basura, en el contrato de Vega-Solví, se paga por tonelada de basura. Según el operador, en 2013 se comenzó con menos de 1.000 toneladas diarias recogidas. En la actualidad, cada jornada se recogen entre 1.700 y 2.000 toneladas. Además, de este ítem, hay otros 13 fijados en el contrato, cada uno con diferente precio, dependiendo de la especificación.

Al margen de estos montos, el 2018, en la primera ampliación, Emacruz confirmó que se pagaría al operador Bs 15 millones anuales más debido al traslado del vertedero, el nuevo estaba distante a 17 kilómetros de Normandía.

Igual ese año, ante las diversas críticas al contrato que resurgieron por la primera ampliación, Bowles, respondió: “Acá pagamos Bs 190 por tonelada de residuos recogidos en la ciudad y Bs 110 por tonelada de entierro sanitario. En un inicio el contrato de 2013 era por el recojo de 1.000 toneladas diarias, ahora ha subido a 1.800 toneladas y esperamos que al término de la ampliación serán 2.000 toneladas por día”.

Para Schamisseddine no hay forma de fiscalizar cuánto realmente se recoge a diario entre 1.700 y 2.000 toneladas de basura, que es el peso por el que se paga.

Por su parte, el abogado y exconcejal Otto Ritter aseguró que el contrato con Vega Solví es el más elevado que firmó la Alcaldía en los últimos años, pese a que el servicio es deficiente.

En el Sistema de Contrataciones Estatal (Sicoes) no figura aún la última ampliación del contrato, aprobada hace un mes por la Alcaldía.

El secretario ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Omar Ribera, cuestionó que la gestión municipal se caracteriza por ocultar información de interés público. “De la noche a la mañana aparecen con que han firmado contratos modificados para favorecer a Vega Solví. Son contratos millonarios que la población nunca reconoció, pero tampoco pudo anularlos”, opinó.

Ante esta situación, Fernández, indicó que concluida la primera ampliación solicitará que se haga una revisión exhaustiva del cumplimiento del contrato. “Se debe hacer una evaluación técnica, financiera y de operación de cumplimiento del contrato para recién ver las condiciones para la ampliación de los dos años”, sostuvo.

La autoridad, también remarcó que en estas dos últimas ampliaciones no se exige a la empresa más inversiones, como se hizo en los primeros cinco años, pese a que los equipos ya están devaluados, por lo que la ganancia puede incrementarse.

No obstante, el gerente de Operaciones de Vega Solví, Joao Paulo Mota resaltó que desde el 2013 hasta la fecha los costos de operación se incrementaron y se deben realizar negociaciones con sus proveedores para que el servicio sea rentable.





Evaluación de Vega- Solví

Ribera denunció que el contrato nunca se cumplió a cabalidad, citó como ejemplo que era prohibido subcontratar empresas y esto sí se hizo para brindar el servicio en algunas zonas alejadas.

Uno de los temas observados como inconclusos es la instalación de ecopuntos, lugares para separar y reciclar materiales inorgánicos como plásticos y otros. 

El proyecto se planteó el 2013 y, después de algunos cambios, se definió que se tenían que implementar ocho; a la fecha solo hay uno (en el Plan Tres Mil). Mota explicó que esto se tuvo que replantear, en coordinación con Emacruz, debido a los problemas sociales, pues los vecinos de diversas zonas se oponían por temor a que estas instalaciones atraigan roedores.

Desde Vega Solví afirman que se cumplió con toda la inversión prevista en el contrato inicial.

Entre las significativas, Mota detalló que en enero del 2018 se hizo una renovación de toda la flota de camiones, (alrededor de 50) como se establecía en el contrato y otra inversión elevada, fue la máquina barredora que se adquirió en el 2017.





30 trabajadores de Vega-Solví enfermaron con Covid-19; la empresa enfatiza que cumple con norma de bioseguridad

Mota aseguró que se está cumpliendo con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y si hay algún trabajador que no ocupa los equipos es por descuido propio.

La afirmación responde a quejas que circularon en las redes sociales de parte de algunos trabajadores que decían no contar con equipos de bioseguridad para desempeñar su trabajo.

Al respecto, Mota explicó que en la empresa se reportaron alrededor de 30 personas con coronavirus, (de un total de 1.400 funcionarios), pero dijo que la mayoría se contagió cuando estaba en descanso semanal.

Afirmó que desde marzo se otorgó permisos por salud a 300 personas, que justificaron que pertenecen al grupo de riesgo (mayores de 60, personas con enfermedades de base y embarazadas) y el personal que continúa trabajando cuenta con transporte para mayor seguridad. “Estamos siempre enfocados en el bienestar de la población y trabajando para brindar el mejor servicio”, sostuvo.

La empresa fijó un protocolo de bioseguridad que se aplica desde marzo. Se instalaron cámaras de desinfección tanto para el personal como para los camiones. Además, se toma la temperatura al personal que está de turno y se corre con el gasto de la prueba de Covid-19.