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Conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material y falsedad ideológica son los delitos por los cuales exautoridades municipales han sido denunciadas formalmente ante la Fiscalía de Distrito por la nueva gestión del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Adriana Pedraza, directora de Transparencia, informó que la exalcaldesa interina, Angélica Sosa, la exsecretaria de Finanzas, Sandra Velarde, además del exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño, deberán rendir cuentas ante la justicia por la contratación ilegal de 530 funcionarios eventuales.

Los contratos registran fechas entre marzo y abril de la presente gestión hasta el 31 de diciembre de 2021 y suman Bs 2.965.268 en salarios; sin embargo, las autoridades del Municipio adelantan que no serán pagados por las supuestas irregularidades cometidas en las contrataciones y por no contar con certificación presupuestaria.


Adriana Pedraza, directora de Transparencia, sentó la denuncia para que la Fiscalía investigue a la exalcaldesa y sus colaboradores. Foto. Prensa Alcaldía  


Además, se encontraron 591 funcionarios que no cumplían con los requisitos para su contratación: 281 sin título profesional y 310 sin libreta de servicio militar.

Luego de haber analizado el presupuesto anual para contratos eventuales de la gestión 2021, se comprueba que con la cantidad vigente de personal contratado 7.550, más la cantidad de 85 contratos en tránsito y 40 contratos que no se firmaron, se tiene un déficit proyectado de Bs 153.662.531,77, es decir que se excede el presupuesto programado en ese monto, según consta en el informe oficial de Recursos Humanos.

Por otra parte, la denuncia señala que se ha evidenciado que 1.205 personas de planta con ítem, entre enero y marzo de 2021, no marcaron su asistencia a la fuente laboral, y que según la Alcaldía fueron liberados en su momento por Cedeño.

Pedraza informó que, como medidas preventivas, se ha solicitado al Ministerio Público que se disponga alerta migratoria mediante requerimiento ante las autoridades de la Dirección General de Migración contra los denunciados con el objetivo de asegurar su presencia en el país teniendo conocimiento que son personas que realizan viajes al exterior.

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