Alcaldía cruceña creará una unidad especializada de ayuda a mujeres maltratadas

De enero a abril, Santa Cruz de la Sierra ha registrado nueve feminicidios. En ese mismo periodo, se han presentado más de 300 denuncias por agresiones a mujeres en entornos intrafamiliares. "Las cifras pueden ser más abultadas", reconoce el secretario municipal de Autonomías, José Luis Santistevan.

Reconocer la dimensión del problema obliga al municipio cruceño a proponer acciones que frenen los reiterados hechos de violencia contra la mujer. "Todas las autoridades estamos llamados por ley a combatir la violencia que se produce contra la mujer", recuerda el funcionario.

Como parte del ejecutivo municipal, Santistevan ultima una ley para ayudar a las mujeres que sufren violencia en sus hogares y son víctimas de maltratos. La normativa contempla una unidad especializada de asistencia legal con atención las 24 horas y el respaldo de una aplicación inmediata para activar la respuesta inmediata.

"Las actuales leyes son difusas", dice Santistevan. Se suma a esa limitante la falta de acción oportuna del actual sistema "que no ofrece una atención eficiente ni oportuna a las víctimas de violencia", profundiza.

"Las mujeres terminan transando (con sus victimarios) porque el camino legal es tortuoso, no le dan solución a nada", observa. En los casos judiciales que avanzan, las mujeres chocan con "un desastre en el procedimiento para poder sancionar a los culpables".

La unidad especializada de asistencia legal ofrecerá el apoyo necesario e inmediato a las víctimas. "Se evitará los abusos de las instituciones por la retardación en los procesos y la falta de voluntad de los funcionarios", explica el autor de la propuesta normativa.

Santistevan enfatiza en la necesidad de activar sanciones para aquellos funcionarios que no respondan con inmediatez a las emergencias. "Habrá un equipo jurídico que acompañe y viabilice la presentación de denuncias", detalla. Ese mismo equipo velará para que los procesos avancen adecuadamente.

Es consciente sobre los obstáculos que se deben resolver. Por un lado, afirma, la ley incorpora una "estructura con recursos para la prevención, intervención y rehabilitación de las víctimas". La sostenibilidad de este programa se garantiza "mediante porcentajes de IDH, recursos propios y coparticipación tributaria para potenciar la unidad".

La coordinación fluida con otras instituciones preocupa a Santistevan. Hasta ahora "la falta de colaboración castiga a la víctima y la deja indefensa". El proyecto de ley que será presentado en los próximos días ante el Concejo Municipal considera sanciones para los funcionarios que no atiendan debidamente los casos identificados o denunciados.

Actualmente, instituciones como la Casa de la Mujer y otras que operan de manera voluntaria enfrentan a diario un sistema que revictimiza a las mujeres maltratadas. Estas organizaciones conocen la realidad y, muchas veces, cuentan con las soluciones más rápidas para proteger a las víctimas de agresiones.

Una cercamiento a estas instituciones y la cooperación permanente con la unidad especializada "nos permitirán suplir las deficiencias que se han detectado", remarca Santistevan. 

La normativa destina un capítulo amplio a las políticas de rehabilitación y reinserción laboral de las víctimas. "Es una necesidad acompañarlas para que no sigan amarradas económicamente a su agresor", aclara el secretario de autonomías. 

Santistevan reflexiona en el papel de las mismas instituciones públicas en la lucha contra la violencia intrafamiliar. "La norma establece que nadie puede prestar servicio público si tiene antecedentes de violencia contra la mujer. No se cumple", indica.

Durante la gestión de Jhonny Fernández han sido varios funcionarios, desde secretarios municipales hasta trabajadores de base, retirados por incurrir en delitos contra la mujer. El abogado se sincera y reconoce que en muchos de estos casos "son denuncias que se realizan en las redes o medios y que alerta a las autoridades".

Para evitar se repitan estas situaciones, la norma sancionará tanto al funcionario que adultere los registros como al superior que no exija la documentación estipulada para los servidores públicos. Actualmente, todo funcionario está obligado a presentar antecedentes penales (Rejap), de no violencia y la declaración jurada de bienes ante la Contraloría.

El sistema de apoyo inmediato a las víctimas de maltrato en el hogar contempla una aplicación para activar las alertas tempranas. La aplicación mantendrá en contacto permanente a la policía y las instituciones asignadas para luchar contra la violencia de género.

Santistevan aclara sobre la falta de referencias a la situación de los menores de edad en caso de maltrato. No se trata de un olvido, afirma, ya que el municipio cuenta con una ley destinada a ellos. "Debe hacerse cumplir la ley niño, niña y adolescente", concluye.

​