Alcaldía cruceña remató un inmueble de $us 2 millones por deuda de Bs 123.000

“Ese es el único bien que remataron por la Alcaldía. Eso lo pregunté en una Petición de Informe Escrito (PIE), y esa fue la respuesta”, dijo el concejal del MAS, Rolando Pacheco, sobre una vivienda de 2.090 metros cuadrados, ubicada sobre el tercer anillo externo, entre las avenidas Cristo Redentor y Beni.

Según el legislador, el bien inmueble fue rematado en la gestión de Joaquín Crapuzzi Castelho, que fungió como secretario municipal de Recaudaciones (SER) en la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa.

Con la PIE 929 del 20 de abril de 2022, Pacheco solicitó a la administración de Jhonny Fernández un informe de remates por deuda tributaria durante el periodo comprendido entre 2015 y 2022.

El inmueble figuraba a nombre de Rómulo Efraín Ramos Bolívar, de 78 años, radicado en la ciudad de La Paz, quien debido a problemas de salud tuvo que designar apoderados legales para impugnar la medida de la ejecución tributaria y posterior remate, en 2019.

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Uno de sus apoderados es River Guzmán Arias, quien lleva el caso desde su inicio en 2016.

A través de memoriales denunció una serie de irregularidades en el proceso de embargo y remate, que van desde la falsificación de la firma del propietario, la apertura e incumplimiento de planes de pago sin participación de Ramos, hasta el uso de funcionarios públicos como testigos de las notificaciones, y cobros de sumas remanentes en el proceso de remate.

Rivas cuestionó el nivel de corrupción en este caso, al extremo de que se puso como base imponible de la casa la suma de Bs 2 millones, a pesar de que su precio real asciende a $us 2 millones, al encontrarse en la zona norte, una de las más caras y cotizadas de la capital cruceña.

Asimismo, observó que todo el proceso de ejecución tributaria y remate se efectuó por una deuda con el ex Servicio de Administración Tributaria (SER), ya que no se habían cancelado los impuestos de bienes inmuebles de las gestiones 2010, 2011, 2013 y 2014, que ascendían a Bs 123 mil.

Rivas agregó que, antes del embargo, Crapuzzi contactó a Ramos Bolívar y le manifestó sus intenciones de compra de la vivienda, por medio millón de dólares, y que él se hacía responsable de la deuda tributaria pendiente.

“El dueño tiene más de 70 años, Crapuzzi fue y le ofreció comprarle el terreno, su panadería estaba al frente”, contó.

También añadió que Ramos pidió $us 1,8 millones, y que las negociaciones no llegaron a buen fin.

Posteriormente, vino la apertura de un plan de pagos de la deuda tributaria, que según Rivas era desconocido por Ramos Bolívar.

“Supuestamente en agosto de 2016 el señor Rómulo solicitó un plan de pagos, pero en realidad le falsificaron la firma. Esa era la trampa, ya que solo canceló una cuota de aproximadamente Bs 3.000, y después dejó de pagar. Fue entonces que empezó el proceso de ejecución tributaria”, explicó.

Rivas dijo que la solicitud de pagos fue realizada por el funcionario Hugo Herbas Becerra, y autorizada por Crapuzzi. Ambos figuran en la denuncia de Ramos Bolívar.

De acuerdo a la versión del apoderado, en todo ese intervalo de tiempo, el dueño de la casa se encontraba delicado de salud y sujeto a cirugías de corazón.

“El 13 de junio de 2017 se emitió el inicio de la ejecución tributaria 5440. El 14 de agosto se dejó aviso de visita, firmado por un funcionario no identificado, que resultó ser Hugo Herbas Becerra.

El 14 de agosto de 2017, debido a que no se encontró al contribuyente en el lugar porque el bien inmueble está deshabitado, se dejó en la puerta una notificación en la que solo figuraba una cédula, sin nombre, y que después se encontró que se trataba de otro funcionario, Abel Saúl Burgoa Torrico, que estuvo como empleado del Municipio entre 2013 y 2017.

Como testigo de ese actuado firmó Carmelo Julio Lima, que según informes posteriores de Transparencia, también era funcionario público del SER.

Según los documentos municipales, el 12 de septiembre de 2017 se emitió el mandamiento de embargo 008/2017, y el 18 de ese mismo mes se nombró como depositaria de la vivienda a Catherine Céspedes.

En enero de 2018, el SER pidió al juez de Derechos Reales la anotación preventiva del bien inmueble.

En junio de 2018, Humberto Salazar, entonces jefe interino del Sistema de Información Catastral de la Alcaldía, determinó que la base imponible de la vivienda era de Bs 2 millones.

“En abril de 2019 se emitió la base del remate en poco más de Bs 2 millones, con un auto firmado por Jenny Carvalho, Roxana Placanica, Limberg Cuéllar y Joaquín Crapuzzi. el 13 de agosto de 2019 se solicitó a Comunicación, Arminda Dávalos, la publicación del aviso de remate”, señalando que el remate se haría el 18 de septiembre, dijo Rivas.

Asimismo, aclaró que esa primera audiencia se declaró desierta, fijándose la siguiente para el 30 de octubre, pero ya con una rebaja del 25% sobre la base de los Bs 2 millones.

Esa audiencia luego fue postergada para el 16 de diciembre de 2019, presentándose Pompeo Rigoberto Sánchez, quien se adjudicó el inmueble por Bs 1,5 millones.

“Sin embargo, el 12 de diciembre el propietario pidió la suspensión de la ejecución tributaria, que fue rechazada el 19 de diciembre, y rápidamente notificada, el 20”.

Según el apoderado, el 18 de diciembre Pompeo Rigoberto Sánchez, natural de Cochabamba, pidió la aprobación de la adjudicación, y el 9 de marzo de 2020 se emitió la minuta de adjudicación, suscrita por el comprador y Crapuzzi.

“El 24 de diciembre, Jaqueline Aguilar Marconi, en representación de Ramos Bolívar, pidió fotocopias simples y legalizadas de todo el proceso de ejecución, pero le entregaron sin la parte en la que se detallaba el remate”, denunció Rivas.

Rivas lamentó que el mismo dueño estaba desinformado del remate, y ni bien se enteró, mandó desde La Paz a Jaqueline Aguilar, a quien le dijeron que tenía cinco días hábiles para apelar el remate. “Esto fue tipo un 20 de diciembre, pero el remate ya estaba hecho, y sin embargo le mintieron en la misma administración del SER”, apuntó.

Existe responsabilidad

Según consta en documentación a la que accedió EL DEBER, en una primera instancia, y tras no ser escuchado, Ramos Bolívar acudió a la Dirección Municipal de Transparencia, que en su informe final 275/2022 le dio la razón en lo que concierne a irregularidades en el proceso de ejecución tributaria y remate.

En ese expediente, los denunciados son Abel Saúl Burgoa, Carmelo Julio Lima y Joaquín Crapuzzi.

En las conclusiones del informe, Transparencia admite irregularidades en la forma de notificación e indicios de responsabilidad administrativa en las actuaciones de Burgoa, Julio Lima y Crapuzzi, declarando probada la denuncia, pero declinando competencia, a fin de que el denunciante inicie acciones legales correspondientes.

Esa dirección remitió los obrados al alcalde Jhonny Fernández, a fin de que instruya a la autoridad sumariante el inicio de proceso interno y acciones pertinentes.

Adicionalmente al informe de Transparencia, la autoridad sumariante del Municipio, en su resolución final 124/2022, también dio la razón a Ramos Bolívar.

Sobre la supuesta falsedad de papeles, esa instancia también concluyó que se evidenciaron “irregularidades” en el proceso de la ejecución tributaria, e indicios de responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos denunciados. Sin embargo, resaltó que la responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de la contravención.

Frente a esa respuesta, en marzo de 2023 el apoderado del dueño recurrió a la Fiscalía por delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado. Los denunciados eran Crapuzzi, Herbas y ahora Lorenzo Jorge Zabala, quien cobró un remanente del remate, a nombre de Ramos Bolívar.

En mayo de 2023, bajo el código de caso FUD 701102012301922, el fiscal Javier Cordero Salcedo rechazó la denuncia, argumentando, entre otras cosas, que las irregularidades emergen de la función pública, y que por eso están sujetos a procesos administrativos; que es necesaria una auditoría interna previa; que el IITCUP no realizó la prueba pericial de los documentos falsificados y que por tanto no hay elementos objetivos; que los denunciados no obtuvieron beneficio personal de la ejecución tributaria; y que la documentación es insuficiente.

Finalmente, respondió al denunciante que tenía la vía expedita para reabrir el caso en un año.

En junio de 2023, Ramos Bolívar impugnó la resolución de la Fiscalía, recordando a esta instancia que la parte administrativa ya había declinado competencias, y que las actuaciones policiales, como pericias, no dependen de la víctima.

También agregó en su impugnación que el fallo del Ministerio Público es contrario al estado de derecho y a la justicia, y que es deber del Estado sancionar a los delincuentes, garantizando un mínimo de condiciones a las víctimas.

“Lo extraño de todo es que el fiscal Cordero pidió ampliar el plazo de investigación a 60 días, y a pesar de eso dictó su rechazo antes de que finalice”, recalcó Rivas.

Por último, Ramos Bolívar solicitó que el caso se remita al fiscal superior, y actualmente está en manos de Róger Mariaca.

En su defensa, Crapuzzi recalcó que este proceso se siguió bajo lineamientos legales. “Creo que lo indicado sería ubicar a la parte legal”, dijo, y admitió que “quisieron hacer un sumario que no prosperó, pero yo no estuve ahí; yo era el secretario, fue la parte jurídica la que llevó el caso y cumplió con todas las etapas. Hace dos años que se explicó eso a Pacheco”, agregó.

Joaquín Crapuzzi también irrumpió en el caso del Mutualista, cuando se difundieron fotos de una supuesta reunión con Juan Subirana y Andrea Daza.

Los concejales opositores cuestionan la defensa de los predios municipales por parte del Ejecutivo.

Por su lado, el alcalde Fernández presentó un Comité de Defensa de Predios Municipales, una iniciativa que busca proteger los espacios públicos de la ciudad de los avasallamientos y loteamientos ilegales.

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