Alcaldía descarta “revancha” contra Comunidad Autonómica, pero pide que se investigue a Gary Áñez

La tarde del sábado, tras ser enviado a Palmasola por cuatro meses, José Antonio Mendoza, jefe de Comunicación y Prensa de Comunidad Autonómica (C-A), señaló a Jéssica Sulzer, exjefa de campaña de Gary Áñez, como la presunta denunciante del caso por supuestos cobros irregulares, que además calificó como una “venganza” de la UCS.

En la misma línea, los concejales José Alberti y Juan Carlos Medrano, ambos de C-A, criticaron la resolución del juez cautelar Primo Flores y afirmaron que el caso está armado y se trataría de una “revancha” del alcalde Jhonny Fernández, por haber destapado diferentes hechos de corrupción en el municipio.

Estas declaraciones hicieron ruido en la Alcaldía cruceña, que, a través del vocero de Asuntos Jurídicos, Bernardo Montenegro, salió a rechazar la versión de los concejales opositores. “Es totalmente falso que se diga que es un tema armado por el propio municipio cuando se trata de una denuncia abierta por el Ministerio Público, de oficio, a la cual nosotros posteriormente nos hemos adherido”, aclaró Montenegro.

El funcionario enfatizó en que no se trata de una “vendetta” política de la UCS, sino de una “denuncia real” abierta por la Fiscalía, que cuenta con las pruebas de los aportes realizados a través de códigos QR y transferencias interbancarias que realizaban mes a mes los funcionarios, supuestamente puestos por C-A, a José Antonio Mendoza.

“Esto se va dilucidar más allá del ‘pataleo’ del concejal (Juan Carlos) Medrano o de la gente de C-A, esto se va a saber a través de los informes que saque o que le lleguen al Ministerio Público de la Unidad de Investigaciones Financieras, porque ahí se va a identificar con claridad lo que se denuncia”, sostuvo Montenegro.

Consultado sobre Jéssica Sulzer, a quien Mendoza hizo alusión como una de las denunciantes, Montenegro respondió que efectivamente, sí trabajó en el municipio, pero que no tiene plena seguridad de que continúe. No obstante, EL DEBER corroboró que Sulzer ejerce como funcionaria de la Alcaldía, según su última declaración jurada que data del 19 de enero de este año.

Por este caso, los concejales Marcelo Vidaurre y Juan Carlos Medrano están citados para declarar en calidad de testigos el próximo miércoles 22 de febrero en la Fiscalía Departamental. Sin embargo, Montenegro considera que el excandidato a la Alcaldía, Gary Áñez, también debería ser convocado, ya que asegura que es acusado por varios testigos como el principal beneficiado de estos supuestos cobros realizados por Mendoza.

 “Varias de las victimas habrían denunciado que se conocía que (Mendoza) era su mano derecha (de Gary Áñez) y que estos recursos llegaban presumiblemente a este señor (Gary Áñez) y a Juan Carlos Medrano. Como municipio vamos a exigir que todas las personas que hayan sido mencionadas o podrían estar involucradas sean convocadas”.

Sobre la determinación del juez Flores de enviar a Mendoza por cuatro meses a prisión, Montenegro indicó que no es una medida suficiente y que se le debieron otorgar 180 días, puesto que considera que “esta persona (Mendoza) claramente puede entorpecer la investigación, está de funcionario en este momento y tiene acceso probablemente a otras de las víctimas y (puede) tratar de amedrentarlas u ocultar información”.

“La Alcaldía va a pedir lo que pide siempre, que se actúe con mayor transparencia y celeridad, pero, sobre todo, que todas las personas que puedan estar involucradas respondan a la justicia y sea el Ministerio Público y después el juez que determinen quienes son los responsables”, concluyó.

Mendoza fue aprehendido la mañana del viernes en instalaciones del Concejo Municipal. Se lo acusa de pedir aportes de Bs 300 a funcionarios municipales que supuestamente fueron puestos por la bancada de Gary Áñez, producto de una alianza de gobernabilidad con Jhonny Fernández.

Por su lado, los concejales de C-A afirman que jamás existió un pacto entre su bancada y la UCS y consideran que se trataría de un caso armado por el alcalde como represalia por la reciente detención de la exdirectora del Jardín Botánico, Andrea Forfori, acusada de cobros irregulares de dinero al personal municipal a través de QR.