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Luego de protagonizar sendas marchas de protesta contra la ley de Movilidad Urbana que aprobó el municipio hace dos semanas, la dirigencia del transporte urbano decidió asistir a la reunión con la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, donde escucharán las propuestas.

“La semana pasada, la presidenta del Concejo nos hizo llegar una comunicación para que fijemos fecha y hora para reunirnos, contestamos que sea el lunes 29, pero ella respondió que no podía este lunes porque hay sesión del Concejo y nos invitó a una unión para el jueves, a las 10:00”, informó ayer Carlos Jaime, secretario general del Sindicato 21 de Mayo.

El dirigente dijo que asistirán para exponer sus propuestas y observaciones a la Ley de Movilidad Urbana, que incluye la implementación de los buses de tránsito rápido, los BRT. Hay incoherencias en esa ley. Una de esas grandes incoherencias es que las paradas serán al lado izquierdo, eso significará un peligro para los niños y los ancianos”, dijo Jaime.

Los dirigentes pedirán la revisión de nueve artículos que anteriormente habían sido consensuados, pero que, según el sector, no fueron incluidos en la nueva ley.

Los micreros decidieron salir en protesta durante tres días, entre martes y jueves, de 11:00 a 13:30, rodeando el primer anillo, pues se oponen a que la Alcaldía inicie las obras de readecuación de la calzada para que circule el nuevo bus de pasajeros, el BRT.

Estas manifestaciones causaron caos en el centro citado y la molestia de los ciudadanos, porque se vieron imposibilitados de llegar a tiempo a sus destinos y a sus fuentes laborales. A través de los medios de comunicación, los vecinos pidieron la intervención de la Policía y de la Fiscalía, para precautelar el orden; sin embargo, ninguna de estas instituciones se ha referido al respecto.

Según el dirigente del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, las protestas se masificarán si no son escuchados. No descartan un paro de 12 horas y el bloqueo del vertedero.

Acerca de esta amenaza, el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, criticó las medidas, pues la basura no puede quedar amontonada en las calles porque se convertiría en focos de contaminación. “Para cuidar la salud de la población es deber del Ministerio Público y de la Policía intervenir y dejar expedito el acceso al vertedero”, indicó Ribera.

Mediador

Dentro de las competencias de la Defensoría del Pueblo está el de velar por el respeto de los derechos humanos de las personas, es por ello que el delegado departamental, Jorge Yabeta, insistirá en que sean conformadas mesas de diálogo entre los técnicos de la Alcaldía y los transportistas.

“Voy a enviar cartas a ambos sectores para que inicien las negociaciones, pues las protestas callejeras están perjudicando a los vecinos, que son los que más usan los micros”, anotó Yabeta.

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