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La denuncia sobre la supuesta creación de unos 800 ítems fantasmas en la anterior gestión del gobierno municipal mantiene en vilo a las autoridades actuales de la comuna. Por el momento es incalculable el daño económico causado a las arcas municipales. Se suma la incertidumbre sobre el proceder de la Fiscalía, que en mayo pasado rechazó una denuncia planteada por el alcalde Jhonny Fernández sobre las irregularidades en contratos de personal.

La directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, informó que se hará una auditoría interna más amplia para "recabar datos y evidencias que fortalezcan la labor del Ministerio Público". 

Recuerda que anteriormente la Fiscalía desechó una denuncia similar. Para evitar que se repita esta situación, "queremos hilar fino y tener más detalles para ofrecer al Ministerio Público".

Pedraza hace referencia a la denuncia hecha en mayo por Jhonny Fernández sobre 2.000 ítems defectuosos y más de 500 contratos irregulares; sin embargo, la Fiscalía Departamental  rechazó la denuncia, observando "un obstáculo legal y la necesidad de una auditoría interna para determinar el daño económico" que se derivaba de dichos contratos.

Pedraza lamenta que en aquella ocasión "más de 4.000 hojas de pruebas fueran rechazadas" por la Fiscalía. Ahora, el cambio de fiscal encargado del caso permite afrontar esta nueva denuncia con mayor optimismo. 

Según la titular de Transparencia, por el momento no se puede determinar el monto total del daño causado. La Alcaldía debe realizar la auditoría que determine cuántos ítems y durante cuánto tiempo se cobraron. Un estimado rápido realizado por la autoridad de Transparencia calcula que, si se trata de 800 ítems por más de 10 años, el daño económico llegaría a unos Bs 60 millones. Para conocer el daño exacto hay que constatar tanto la cantidad de ítems como el tiempo cobrado.

Pedraza considera que la denuncia se debe ampliar a otras reparticiones municipales de la anterior gestión. Por el momento, cuatro personas están denunciadas: Antonio Parada, Javier Cedeño, Javier Carrasco y Julio Herbas. Desde Transparencia se ampliará las indagaciones a la Dirección Jurídica y a la Secretaría de Finanzas, cuyos titulares son los que aprueban los contratos.

El caso saltó a la luz pública cuando Valeria Rodríguez, expareja de Antonio Parada, presentó las denuncias por enriquecimiento ilícito en contra de Parada, adjuntando documentación que halló en el techo de su domicilio.

El municipio cuenta con un listado de bienes inmuebles, autos y cuentas bancarias que supuestamente corresponden a Parada o están nombre de familiares y testaferros. En atención al salario que percibía como funcionario municipal, no se explica cómo pudo acceder a tantas propiedades.

Ayer Valeria Rodríguez, a través de su abogada, Darling Franco, denunció que viene recibiendo amenazas por parte de exautoridades municipales. La denunciante también dijo que tiene audio que demuestran la amenaza recibida de parte de la exalcaldesa Angélica Sosa, por lo que pide "investigar estos amedrentamientos sobre todo si pretenden silenciar un delito".

El jueves, la exalcaldesa Sosa, mediante un video en redes sociales, rechazó las denuncias, indicando que nunca amenazó a Valeria Rodríguez e incluso advierte con "iniciar las acciones legales correspondientes" en caso de "persistir con estas falacias, con estas mentiras".

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