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Los fantasmas de lo que fue la tragedia ambiental de 2019 vuelven después de las más de 10.000 hectáreas que el fuego consumió en los últimos días en el Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) San Matías y en los bosques del Carmen Rivero Tórrez, por lo que colectivos defensores del medioambiente y ciudadanos unen fuerzas para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Las protestas y malestar apuntan a un actor principal: la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que a través de la Resolución N° 104/2021 dio luz verde para que las quemas se extiendan hasta el 31 de julio del presente año, en un contexto en el que los focos de calor mostraron tendencia al ascenso en los dos últimos meses.

Son al menos 24 colectivos los que firmaron una carta dirigida al director ejecutivo de la ABT, Omar Quiroga, a quien se le expresó la preocupación de un posible nuevo desastre.

De acuerdo con los reportes emitidos por el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) de la Gobernación, el 52% del departamento se encuentra en riesgo medio de ocurrencia de incendios, hecho que aumenta mucho más la preocupación dado que recién transcurre el mes de julio y el desastre ambiental se acerca mucho más antes que el de 2019.

Además, piden que se refuercen los controles para evitar las quemas, para que no sucedan los incendios que se han dado en todo el mes de junio y parte del presente que afectaron a los bosques de las regiones de Naranjos, el Valle de Tucabaca, San Matías y los que se denunciaron en zona del Bajo Paraguá, donde encontraron a avasalladores preparando material inflamable (llantas de vehículos).

​"Nos preocupa el incremento de focos de calor, muchos de los cuales pueden descontrolarse, terminar en otro desastre ambiental y sin tener justicia frente al ecocidio que esto genera. En esta época seca todas las autoridades tienen el deber y obligación de cuidar el patrimonio natural de todos los bolivianos y bolivianas mediante la prevención de estas emergencias", apuntaron desde Alas Chiquitanas Voluntarios.

Por su parte, Eder Santibáñez, coordinador del Movimiento Tucabaca, señaló en una entrevista con EL DEBER Radio que hay datos técnicos que respaldan esta solicitud y lamentó que no haya control de las autoridades para hacer frente a estas situaciones

Haciendo un paréntesis, en la resolución la ABT también instruye a los solicitantes de las quemas hacer conocer a las unidades forestales municipales de su jurisdicción la fecha y hora de su ejecución para recibir asistencia técnica e instruye a las autoridades pertinentes hacer controles al azar para verificar las medidas de control del fuego, adoptadas por los beneficiarios.

"En la resolución de la ABT se indica que los dueños de predios privados deben enviar sus reportes ​​para la realización de quema y chaqueo previa autorización de la ABT, pero esto no se cumple y no se entregan autorizaciones. Los municipios no saben sobre estos asuntos", apuntó al respecto Santibáñez.

Mira la entrevista completa:La semana pasada, en un boletín oficial de la ABT Santa Cruz, el viceministro de Medioambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera, explicó que la ampliación del permiso de las quemas controladas de junio a julio es para atender la demanda de los productores que requieren llevar adelante estas acciones para preparar su tierra, tanto para la agricultura como la ganadería.

A decir de Herrera, cortar los permisos para las quemas sería causar perjuicios a la actividad que llevan adelante los productores. Aduce que la flexibilización fue pertinente por la necesidad que tiene ese sector.

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