Amplían a 90 días la detención preventiva en Palmasola para cuatro ex ejecutivos del Banco Fassil
La primera medida de detención preventiva se cumplió el 27 de julio, sin embargo, los acusados permanecían en el recinto penitenciario debido a la remisión de los cuadernos procesales a La Paz y su retorno a Santa Cruz
En una audiencia de ampliación a la detención preventiva que se llevó adelante este lunes 14 de agosto en el piso 7 del Palacio de Justicia, la jueza Marianela Salazar determinó extender la detención a 90 días para los exejecutivos del intervenido Banco Fassil, luego que se venciera el plazo que anteriormente se dictó.
La audiencia inició a las 11:00 y culminó cerca de las 15:00, donde los acusados participaron de manera virtual, mientras que los abogados de las partes y fiscales lo hicieron de forma presencial en el Juzgado 4to.
Se trata de Ricardo M.O., Jorge Arturo Ch., Hernán S.V., y Hermes S.C., quienes permanecen recluidos en la cárcel de Palmasola desde el 27 de abril de 2023, acusados por los delitos financieros.
En contacto con EL DEBER, el abogado Robín Justiniano, que patrocina a Ricardo y Jorge Arturo, informó que los primeros 90 días de detención preventiva se cumplieron el 27 de julio, sin embargo, debido a la remisión del cuadernillo de investigación a La Paz, no se logró instalar la audiencia de ampliación.
Opinó que la determinación de la jueza Salazar se enmarca dentro del procedimiento y por ello se solicitará que se respeten los derechos constitucionales de sus defendidos, a fin de que se desvirtúe los riesgos procesales para solicitar medidas sustitutivas.
Al respecto, este martes 15 de agosto a las 11:30, se llevará a cabo la audiencia a la cesación de preventiva de Ricardo y Jorge Arturo, luego que la defensa ganó una acción de libertad.
En tanto que Samuel Durán, defensa de Hernán y Hermes, calificó la decisión
de la autoridad jurisdiccional de arbitraria, asegurando que el Ministerio Público no supo argumentar la ampliación de detención para sus defendidos.
El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, confirmó a los medios que la remisión del expediente a La Paz tardó al menos un mes, perjudicando la investigación por los delitos financieros.
