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Analistas ven dos caminos para sumar apoyo internacional en la respuesta a los incendios forestales que han ocasionado un grave daño y pérdida de la flora y fauna en la región cruceña; el primero, declarar desastre nacional y el segundo, activar el Tratado de Cooperación Amazónica.

El abogado José Luis Santistevan explica que la Ley de Gestión de Riesgo N.º 602, en su art. 39, establece que cuando el daño supera la capacidad de respuesta del Gobierno, el presidente del Estado debe declarar desastre nacional, que abre el camino para recibir asistencia externa, tanto financiera como técnica.

Dicha declaratoria se emite por recomendación del Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (Conarade) y, para Santistevan, este es el camino que debe seguir el Gobierno, considerando el grave daño al ecosistema y que existen varios países y organismos prestos a dar su apoyo.

El abogado agrega que, para que esta ayuda se efectivice, debe ser solicitada de manera formal por el Gobierno y el pedido debe ser respaldado con el decreto de declaratoria de desastre. “Toda cooperación externa se canaliza únicamente a través del Gobierno nacional”, remarca Santistevan.

Por su parte, el experto en relaciones internacionales Saúl Paniagua, explica que los siete países donde está asentada la Amazonia, entre ellos Bolivia, suscribieron en1977 el Tratado de Cooperación Amazónica, en el que se comprometen a preservar y conservar el espacio amazónico, que pasa a ser un patrimonio ecológico de la humanidad.

En 1991 Bolivia se compromete a ser supervisor de todos los impactos en la Amazonia, por lo que nuestro país pasa a ser un administrador de la Amazonia.

En este sentido, Paniagua cree que, habiéndose registrado un evento que pone en riesgo la biodiversidad y el ecosistema de la Amazonia, se debió activar las normas establecidas en dicho tratado a fin de recibir ayuda externa inmediata para proteger el espacio amenazado. Explicó que los países actúan sobre la base del principio del derecho internacional de cooperación. “No se necesita activar una ley. Basta con denunciar a la comunidad internacional que un patrimonio está siendo amenazado para que se active la cooperación externa”, dice Paniagua.

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