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Anapo y propietarios exigen intervención policial en Santa Rita y sanción para los avasalladores

Viernes, 26 de junio de 2026 a las 18:55
Santa Rita fue avasallada por sexta vez según sus propietarios

El abogado de la propiedad, Álvaro Latorre, afirmó que la situación es "indignante", ya que, según denunció, los avasalladores comenzaron a sembrar sobre tierras que fueron preparadas por los propietarios tras una fuerte inversión económica

La sexta toma ilegal de la propiedad Santa Rita, ubicada en el municipio de El Puente, volvió a encender las alarmas del sector productivo. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) exigió este viernes el desalojo inmediato de los ocupantes, la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes y la conformación de una comisión especial de fiscales, mientras el abogado del predio denunció la falta de acción policial pese a que, asegura, existen los instrumentos legales para intervenir.

El abogado de la propiedad, Álvaro Latorre, afirmó que la situación es "indignante", ya que, según denunció, los avasalladores comenzaron a sembrar sobre tierras que fueron preparadas por los propietarios tras una fuerte inversión económica y meses de trabajo.

"Imagínense que ustedes trabajan, le ponen cariño, le ponen dinero, tiempo, y cuando están a punto de sembrar llegan estos parásitos, avasallan, y ahora resulta que ellos están sembrando lo que ustedes han trabajado. La situación es realmente indignante", sostuvo.

Latorre cuestionó la demora de la Policía para intervenir Santa Rita y pidió a las autoridades nacionales actuar antes de que el conflicto se prolongue.

"No entendemos qué atora para que la Policía no actúe. Es realmente vergonzoso. Señor presidente, señor comandante (de la Policía), yo creo que es tiempo de que actúen. Hemos aguantado históricamente más de 50 días de bloqueos; por favor, no esperen que lleguemos a los 50 días en Santa Rita", reclamó.

El jurista recordó que esta es la sexta ocupación ilegal que sufre el predio y aseguró que los principales responsables ya fueron plenamente identificados.

"Esta es la sexta ocasión, cabecillas identificados y órdenes de aprehensión en manos de la Policía. Conozco la capacidad táctica y de inteligencia de la institución, y realmente cada día que este señor Vicente O. está libre es una ofensa para la Policía", afirmó.

Respecto a la versión de que no existiría una orden judicial para ejecutar el desalojo, Latorre aseguró que la Policía cuenta con respaldo legal suficiente para intervenir.

"La Policía está para mantener el orden y resguardar los derechos de los ciudadanos. Ya tienen las órdenes de desalojo de propiedades de la zona Las Londras y Santa Rita está en flagrancia. Hay un requerimiento fiscal para que se constituyan en el lugar. Tienen los instrumentos jurídicos para actuar. Dejen de buscarle tres pies al gato y actúen de una vez", enfatizó.

En un pronunciamiento institucional, Anapo respaldó el pedido de intervención inmediata y denunció que los grupos que ocupan la hacienda operan de manera organizada y armada.

El gerente general de la entidad, Jaime Hernández, sostuvo que los ocupantes utilizan vehículos de alta gama y drones para vigilar a propietarios y trabajadores, por lo que descartó que se trate de personas en situación de vulnerabilidad.

"Estamos ante grupos irregulares que actúan armados, utilizan vehículos de alta gama y drones para vigilar a propietarios y trabajadores. No son personas en situación de vulnerabilidad; son organizaciones con capacidad económica para movilizar maquinaria e insumos. La impunidad de la que gozan es inaceptable", señaló.

Anapo recordó que los mandamientos de aprehensión emitidos en 2024 aún no fueron ejecutados y alertó que los ocupantes ya iniciaron labores agrícolas dentro del predio. Además, advirtió que estos grupos habrían manifestado su intención de extender las ocupaciones a unas 75.000 hectáreas de propiedades privadas en la provincia Guarayos.

Según Hernández, además del delito de avasallamiento, los presuntos responsables enfrentan denuncias por asociación delictuosa, porte ilegal de armas, secuestro, amenazas, robo, quemas ilegales y lesiones.

Ante este escenario, la organización solicitó la captura de los implicados, el desalojo inmediato de la hacienda Santa Rita y la conformación de una comisión especial de fiscales que investigue de manera integral los avasallamientos registrados en el departamento de Santa Cruz.

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