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Angélica Sosa, exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, ya lleva cuatro días en el centro de aislamiento del PC-2 de mujeres en Palmasola y su estado de salud continúa siendo estable, según Régimen Penitenciario. Mientras que su abogado, Jerjes Justiniano, dijo que están a la espera de que se fije la fecha de la audiencia de apelación para el cese de la detención preventiva mientras se investiga el caso 'Ítems fantasmas'.

Mauricio Romero, director departamental de Régimen Penitenciario, manifestó haber conversado con Sosa y que no padece de ninguna afección. Su salud es buena desde que ingresó a la cárcel el viernes pasado y fue valorada por los especialistas médicos y psiquiatras del penal.

“Los médicos emitieron sus criterios y su estado es normal. No tiene ningún problema psiquiátrico, ni psicológico. Además, junto al gobernador de la cárcel, hemos conversado con ella y le hemos explicado sus derechos. Ella ha entendido esta situación. Se la nota lúcida”, explicó.

La exautoridad municipal permanecerá en observación durante 14 días en el centro de aislamiento. El viernes se le realizó una prueba de antígeno nasal y el resultado fue negativo, por lo que se descartó que esté infectada con Covid-19.

Una vez completado el periodo de aislamiento, Sosa se integrará al PC-2, que es el sector destinado para mujeres mayores de 17 años. En este pabellón permanecerá encerrada durante los próximos 120 días, por determinación del juez de Anticorrupción, Juan José Quiroz.

Sin embargo, el abogado defensor, Jerjes Justiniano, pretende que Sosa sea liberada antes de cumplir sus cuatro meces de detención y está a la espera que se fije fecha de la audiencia de apelación, donde buscará revertir el fallo de la autoridad jurisdiccional.

"Estamos a la espera de que se concluya con el acta de la audiencia que duró casi 11 horas. Luego se tiene que remitir la apelación a la Sala Penal para que  se señale día y hora para su audiencia", explicó el jurista.

La exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra es una de los denunciadas por el caso de los 800 ítems fantasmas durante la pasada gestión. Se la acusa de los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El juez decidió enviarla a preventivamente a prisión porque Sosa no presentó evidencias suficientes de tener un trabajo estable. Además, que existía peligro de fuga y de que podía interferir con la investigación de los hechos.

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