Aprehenden al concejal Federico Morón cuando prestaba su declaración en la Felcc del Plan Tres Mil

El concejal suplente de Comunidad Autonómica (C-A), Federico Morón, quedó aprehendido la mañana de este miércoles, 24 de mayo, en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) del Plan Tres Mil por el caso de cobros irregulares en su partido, mientras prestaba su declaración por otro caso relacionado a una denuncia de corrupción en Emacruz.

Al enterarse de esta aprehensión, sus colegas concejales Juan Carlos Medrano, Marcelo Vidaurre, José Alberti y Karina Orihuela se acercaron a la Felcc para recabar información. Medrano afirmó que se está intentando implicar a Morón en el caso de supuestos cobros irregulares en el Concejo Municipal, una denuncia realizada a principios de este año y que condujo a la detención del comunicador José Antonio Mendoza.

"Lamentablemente, están diciendo que han aparecido dos presuntos testigos que afirman que el concejal Morón les vendía ítems y que incluso los había enviado durante la campaña para pegar afiches de Gary Áñez. Eso es una barbaridad. Sabemos que nosotros no pegamos afiches, fuimos el único partido político que no ensució la ciudad y ahora tenemos al concejal aprehendido", señaló Medrano.

Además, sospecha que la Alcaldía cruceña podría estar detrás de esta orden de aprehensión para silenciarlo debido a sus recientes denuncias sobre la compra de terrenos cercanos a la carretera Tundi - Las Peñas por parte de Jhonny Fernández.

"Ayer, el concejal Morón denunció que presuntamente la carretera Tundi - Las Peñas se está asfaltando porque el alcalde habría comprado terrenos adyacentes, y ahora aparece la orden de aprehensión (...) No podemos permitir que los concejales que estamos denunciando seamos amedrentados con órdenes de detención", afirmó Medrano.

Por su lado, el abogado Diego Coímbra, quien representa a Morón, enfatizó que la aprehensión sería ilegal, puesto que asegura que no existe ningún elemento probatorio que lo inculpe en este proceso iniciado por el Gobierno Municipal. Además, denunció que no le permitieron tener comunicación directa con su defendido, por lo que se le estaría vulnerando su derecho a la defensa.

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