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Roberto Antonio Moreno Sanjinés, perito que hizo el avalúo de los terrenos adquiridos por la Alcaldía cruceña para  el nuevo vertedero municipal, fue aprehendido en las últimas horas, según denunció su abogado Wilson Vilchez.

El jurista sostuvo que su defendido realizó el trabajo porque fue designado por el Colegio de Arquitectos y no por una iniciativa propia. Es más, el Ministerio Público lo citó en calidad de testigo para que declare mientras se llevan adelante las investigaciones en las que se ven involucradas exautoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra.

Pero tal fue la sorpresa de Vilchez que, al llegar a la Fiscalía, no pudo tener contacto con su defendido, ya que este se encontraba en calidad de aprehendido. Le dijeron que tenía que esperar la llegada del fiscal Anticorrrupción, a la espera de la notificación correspondiente.

El abogado cuestionó lo dispuesto por Anticorrupción indicando que el delito por el que se acusa a su defendido es de favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

"Roberto Antonio Moreno Sanjinés hizo el avalúo del terreno para el vertedero, pero no porque él lo haya querido, sino por una terna que designó el Colegio de Arquitectos. Hizo un trabajo profesional", dijo Vilchez.

El ahora aprehendido acudió a declarar en calidad de testigo, presentó toda la documentación sobre su trabajo y no tiene ninguna vinculación con las exautoridades implicadas en el caso, según su abogado.

Un informe de la Contraloría establece que, la compra de los predios donde actualmente funciona el vertedero municipal, próxima a la comunidad San Miguel de Los Junos, se hizo con un sobreprecio de $us 8 millones. Así lo informó la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza.

Según la funcionaria municipal, el nuevo vertedero, que tiene una superficie de 200 hectáreas, fue comprado en $us 10 millones por la anterior gestión municipal. ​​​

Respecto al sobreprecio, el abogado de Moreno Sanjinés señaló que el trabajo se hizo tomando las referencias dictadas por los organismos correspondientes y que la detención no aplica al no haber indicios suficientes que lo ameriten.

El 24 de enero pasado, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó sobre la imputación formal contra la exsecretaria de Finanzas del Gobierno Municipal de Santa Cruz, Sandra Velarde Casal por la compra con supuesto sobreprecio de los terrenos del vertedero municipal. La imputación también alcanza a la ex funcionaria municipal Indira Suárez Subirana y a Fabián Égüez Hurtado, uno de los dueños de los terrenos.

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