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La Fiscalía procedió a la aprehensión de la juez de la localidad de Cabezas y de su secretaria por el delito de incumplimiento de deberes. La autoridad, supuestamente mantenía el juzgado cerrado cuando ella quería, perjudicando a fiscales, policías y ciudadanos que buscaban justicia, hecho que transcurrió durante casi más de dos años.

La aprehensión se cumplió en horas de la mañana de este jueves en las instalaciones del edificio Casanovas, frente al palacio de Justicia, de Santa Cruz de la Sierra, después de que la jueza Janeth Esperanza Castro Martínez y su asistente Carolina Rojas Castro, no acudieron a cuatro citaciones emitidas por la Fiscalía dentro de las investigaciones.

"Es una aprehensión ilegal", afirmó Castro ocho horas después de ser liberada; sin embargo, la jurista y su colaboradora continúan como imputadas, ya que deberán de presentarse ante un juez de medidas cautelares el lunes para que defina su situación jurídica.

La Fiscalía anticorrupción, a la cabeza de Rose Mary Barrientos, imputó a la jueza y a su asistente por incumplimiento de deberes y adjuntó pruebas de varios casos penales como violencia familiar y doméstica, entre otros hechos presentados por la Policía al juzgado de Cabezas que no se pudieron resolverse por inasistencia de la juzgadora y peor aún, por encontrarse el juzgado cerrado.

El informe de la Fiscalía señala que cuando fiscales y policías acudían con detenidos y familiares de ambas partes, encontraban las oficinas del juzgado casi de manera permanente cerradas con un letrero que decía no se atiende, cerrado por informes.   

Sin embargo, en el informe la misma Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, señala que no había paralización de actividades en el juzgado de Cabezas por informes y que debía de atender todos los casos.

Al encontrarse el juzgado casi siempre cerrado, los policías con detenidos y los fiscales se veían obligados a trasladarse con los acusados y familiares a La Guardia o al municipio de El Torno, para celebrar las audiencias provocando perjuicio a los ciudadanos que además tenían que cubrir sus gastos en los traslados.

La Fiscalía asegura que la jueza natural de Sucre viajaba de manera permanente a esa ciudad y abandonaba el puesto judicial, lo que originó el permanente y airado reclamo de fiscales, policías y de pobladores.

La Presidencia del Tribunal de Justicia confirmó que la Fiscalía lleva adelante las acciones penales, además de responder ante el Consejo de la Magistratura de al menos tres procesos disciplinarios y administrativos.

Sobre el accionar de la jueza de Cabezas, el Concejo Municipal y la dirigencia de Las Bartolinas Sisa piden sancionar a la autoridad y su cambio como juzgadora de este municipio.


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