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Este martes, en la sesión la Asamblea Legislativa departamental se aprobó con más de dos tercios de los parlamentarios la conformación de la “Comisión especial de defensa de la tierra, territorio y recursos naturales” que será la encargada de realizar una inspección en las tierras de la Chiquitania que fueron avasalladas, para posteriormente elaborar un informe e iniciar con la defensa legal.

Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea, explicó que esta delegación tendrá entre sus atribuciones la inspección, verificación y contrastación de la situación de las tierras, asentamiento, titulación, situación de las comunidades originarias y actores de la región. Además, se coordinará con las instituciones departamentales, la Comisión Agraria Departamental, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y otras llamadas por ley.

“Esta comisión está conformada por un miembro de cada una de las bancadas políticas representadas en esta Asamblea, más un representante de la directiva. Los cinco miembros tendrán todos los medios y facilidades para poder ejecutar su trabajo y la intención es que desde esta Asamblea nosotros cumplamos el mandato del pueblo que es fiscalizar”, dijo la autoridad.

Los asambleístas que conforman la delegación son: Ybar Antelo Dorado, Karim Iván Quezada Dorado, Yelly Baldivieso Mayser, Raquel Valencia Aspetty y Aida Micaela Gil Melgar, quien fue nombrada presidenta y a la vez es representante de los cinco pueblos indígenas.

Zvonko indicó que, desde este martes que fue creada, la comisión entra en vigencia y tendrá un plazo de 30 días para que realice un informe sobre los asentamientos en las tierras cruceñas, el cual después será comunicado a la población y se analizará las determinaciones a tomar.

Aida Gil, representante de los pueblos indígenas, indicó que la comisión formada por la Asamblea se trasladará el viernes a San Miguel de Velasco para participar del congreso convocado por la Gobernación cruceña, en el cual se debatirán las acciones a tomar en contra de los avasallamientos, previo a la convocatoria que se lanzó para el 8 de julio, donde se conformará la Comisión Agraria Departamental.

“Este no va a hacer un trabajo de gabinete, ni de oficina, será un trabajo de bajar hasta el último territorio de las tierras que están en el departamento, para hacer una verificación de asentamientos legales e ilegales de dotaciones, para exigir que el INRA dé un informe del estado de titulación que han llevado los territorios indígenas en Santa Cruz”, explicó.

La asambleísta indicó que espera que durante las inspecciones que se realizará no se registren enfrentamientos y que además están solicitando que con el INRA se instalen las mesas de con la Comisión Agraria, para darle respuesta al pueblo chiquitano.

 "De no darse respuesta, seguramente el pueblo chiquitano y los otros cinco pueblos (afectados por los asentamientos), van a tomar medidas, porque ya están cansados de este atropello, están cansados de que no se respete la ley, que es lo único que estamos pidiendo. La ley dice; que la tierra tiene que ser primero para el originario y que el originario tiene que ser consultado, pero no se viene dando ninguna de esas dos normas que están plasmadas en nuestra Constitución y en la misma Ley INRA", lamentó Gil.

Asimismo, la presidenta de la Comisión comentó que si los asentamientos no son legales deberán ser desalojados, pero aclaró que los que son legales, tampoco pueden quedarse si el territorio ya está ocupado por los “dueños de casa”, por lo tanto, dijo que se defenderá al originario, quien heredó la tierra de los ancestros.

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