La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, a través de su presidenta, María René Álvarez, solicitó la intervención inmediata de la fuerza pública para restablecer el libre tránsito en el bloqueo de San Julián. Álvarez compareció ante la prensa junto a los asambleístas Julissa Menacho y Mauricio Jiménez, para presentar un exhorto legislativo urgente dirigido al Comando Departamental de la Policía Boliviana.
La titular de la ALD señaló que, tras 12 días de bloqueo, persisten graves perjuicios para transportistas, productores y familias bolivianas. También se da una afectación en el traslado de alimentos, ganado en pie y personas que requieren movilizarse por esta carretera.
“Los camiones con alimentos, animales vivos y ciudadanos que necesitan trasladarse se encuentran totalmente perjudicados. La afectación es enorme y hasta ahora no existe una respuesta efectiva”, manifestó.
Este mismo jueves, las asambleístas provinciales de Guarayos, Ñuflo de Chávez y Velasco se reunieron con la representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Sheila Gómez, con el objetivo de solicitarle que "se convoque a representantes de las comunidades y autoridades competentes, a fin de esclarecer las causas de los bloqueos y buscar alternativas que eviten mayores perjuicios a la población, garantizando el derecho a la libre circulación y al acceso a bienes y servicios esenciales".
Incluso, Verena Uraza, la representante de la provincia Guarayos denunció la grave situación en la que se encuentra el sistema sanitario de su provincia por la falta de insumos y de oxígeno.
Álvarez lamentó la falta de respuesta por parte de la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno y el Gobierno nacional, remarcando la necesidad de actuar con urgencia para garantizar derechos fundamentales como el libre tránsito, el trabajo, la seguridad y la vida de la población.
La autoridad explicó que la medida se sustenta en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y el Código Penal, ante una situación que afecta a la región de la Chiquitanía, al sector productivo y a cientos de ciudadanos que transitan por esta ruta.
También expresó el respaldo institucional a las resoluciones asumidas por el Comité pro Santa Cruz y la Asamblea de la Cruceñidad, señalando la importancia de precautelar los derechos fundamentales y evitar mayores afectaciones a la población.
En horas de la noche, el Comité pro Santa Cruz, tras reunirse con representantes de la Iglesia Católica, optó por disponer un cuarto intermedio a la convocatoria ciudadana para desbloquear las carreteras bloqueadas en el departamento.