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Continúan los hechos violentos durante las campañas electorales. Este martes se registraron dos, uno en la Villa y el otro en Yapacaní. Ante esta situación, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció que el Ministerio Público inició de oficio las investigaciones por la violencia protagonizada por militantes de diferentes frentes políticos, con miras a las elecciones generales del 18 de octubre.

Sobre el ataque en Yapacaní

La mañana del martes, miembros de Comunidad Ciudadana, entre ellos Leydi Valencia Siles, candidata a diputada uninominal por la C 57, fueron insultados y amedrentados cuando realizaban campaña proselitista en Campo Víbora, una comunidad distante a 60 km del área urbana del municipio de Yapacaní.  

De acuerdo a los afectados, un grupo de aproximadamente 20 personas rodearon el vehículo en el que se transportaban, les insultaron y les lanzaron objetos amenazándolos para que se retiren de la zona. "Estábamos reunidos cuando a través de un parlante se escuchó una voz llamando a la gente e instigando a que nos saquen", explicó uno de los miembros del equipo de CC, que sufrieron el ataque.

Valencia (24), que se encuentra en su octavo mes de gestación, detalló lo vivido en esa comunidad donde la mayoría de los pobladores es afín al Movimiento al Socialismo. "Llegaron unas personas diciéndonos que nos vayamos y que no pertenecemos a ese territorio,  luego siguieron llegando más personas agrediéndonos verbalmente, tiraron piedras al auto y querían pinchar las llantas. Escuché a alguien decir quemémoslo, entonces me asusté", explicó la candidata. 

Wilson Ayala, coordinador de campaña de CC en la provincia Ichilo, dijo que por actos de amedrentamiento corresponde sentar la denuncia ante la Fiscalía y hacerlos conocer ante el Tribunal Supremo Electoral. "Ya es demasiado, Yapacaní y Bolivia necesitan armonía y pacificación", agregó.  

El ataque a las casas de campaña del MAS

Un grupo de jóvenes, atacó este martes la casa de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), ubicada en la Villa 1ro. de Mayo, provocando daños materiales de consideración. “Denunciamos el atropello, la vulneración de derechos en  campaña. Estamos en un país democrático y aquellos que dicen ser democráticos, deberían respetar y no empañar esta fiesta democrática por las elecciones del 18 de octubre”, manifestó la asambleísta departamental de Santa Cruz, Maribel Castillo.

Según la denuncia, este grupo de jóvenes, que no ha sido identificado aún, destrozó el domingo parte de la casa de campaña de la candidata a diputada por la Circunscripción 48, Brenda Segovia, en el plan 3.000. De la misma manera, sufrió agresión con piedras y petardos la casa de campaña del MAS en la Villa 1ro de Mayo.

Según la asambleísta, se trataría de jóvenes de la calle, que hostigaron los lugares, causando destrozos, aunque no se reportó a ninguna persona herida durante esta jornada.

“El Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen que investigar estos casos. Identificar quién es el que se beneficia con todas estas agresiones, aunque tenemos conocimiento de que son jóvenes contratados por la Alianza Creemos”, declaró Castillo.

Ataques anteriores

Entre los antecedentes está la denuncia del candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. Durante septiembre y los primeros días de este mes se registraron 16 agresiones en contra de sus casas de campaña en La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba, atribuidas al Movimiento al Socialismo (MAS), además de ocho agresiones con militantes heridos.

En tanto, el candidato del MAS, Luis Arce, también denunció  hechos violentos contra su organización por simpatizantes de otras fuerzas políticas en los departamentos de La Paz, Santa cruz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

La Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, la Unión Europea en Bolivia y el órgano electoral de Bolivia pidieron que cesen los actos violentos, para garantizar un normal desarrollo de la campaña previa a los comicios generales.


Por su parte, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hechos similares en distintos puntos del país.