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Luego del fallo emitido por el vocal de la sala penal, Wálter Pérez, de arresto domiciliario con escolta policial para Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, uno de los procesados por el caso de violación grupal a una joven de 18 años, autoridades del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia, iniciaron una auditoría jurídica al expediente con el fin de conocer con mayor precisión la actuación no solo del magistrado Wálter Pérez sino de todo el proceso.

La representante del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Roxana Cuéllar, manifestó que ya se tiene todo el expediente para el inicio de la auditoría jurídica del caso por parte de una comisión.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Égüez, desde Sucre, afirmó que en lo que respecta a la auditoría de la resolución del vocal Pérez, cuando se tenga los resultados se podría establecer responsabilidades en el orden disciplinario y penal.

La auditoría y las pesquisas en el campo administrativo y disciplinario surgen después que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a nombre de la presidenta Jeanine Áñez, cuestionara duramente el fallo en respaldo a la búsqueda de justicia de la víctima que salió del país.

 

Para la Fiscalía nadie apeló

La fiscal departamental, Mirna Arancibia expresó que el Ministerio Público está disconforme con la decisión del vocal y que la detención preventiva del acusado Carlos Alejandro Saavedra debía de mantenerse.

“Aparentemente fuimos los únicos interesados en esto, tomando en cuenta que el abogado de la víctima no apeló esta decisión. Una vez tengamos conocimiento del acta de la audiencia y podamos ver cuáles fueron los argumentos y fundamentos del vocal Pérez, el Ministerio Público tomará una decisión”, dijo Arancibia. Consideró que en este caso la detención preventiva es un “elemento fundamental para que el proceso concluya”.

Arancibia aseveró que se rechazó la resolución emitida por el magistrado por favorecer a uno de los principales acusados de la violación grupal.

Para la fiscal, en este caso ya no se puede apelar la resolución del vocal que fijó fianza de Bs 30.000, y arresto domiciliario con escolta policial para Saavedra.

Sobre la situación de la fiscal Nancy Carrasco, que fue apartada del caso, Arancibia aseguró que esa fue una decisión de su antecesor Mirael Salguero.

“Lo que sabemos es que la fiscal Carrasco fue la que pidió se la apartara por considerar que estaba amenazada por la parte de los acusados”, dijo.


Vocal: ‘No conozco a la familia’

El vocal Wálter Pérez, manifestó que ya le pidieron todos los actuados y que los derivó al Consejo de la Magistratura y al Tribunal de Justicia para que se realicen las actuaciones dentro del pedido de auditoría.

Señaló que no conoce a los familiares del acusado Saavedra y rechaza las versiones de que su resolución fuera producto de la manipulación política o económica de parte de los familiares del procesado.

Por otra parte, el próximo jueves 6 de febrero, el juicio por este caso, se reinicia.

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