Autoridades condenan y rechazan agresiones a periodistas en Mairana

Desde el Gobierno Nacional hasta el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, rechazaron y condenaron las agresiones a periodistas registradas este martes, en Mairana.

“Hemos visto que a los periodistas les han quitado sus equipos, cuando ellos solo hacían la cobertura periodística que está garantizada en el país. Queremos condenar enérgicamente esta violencia, porque ya no estamos hablando de una protesta, sino de actos delincuenciales, que no se pueden tolerar”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. 

Las mismas personas que protagonizaban el bloqueo en Mairana, fueron las que arremetieron contra los periodistas de Unitel y Red Uno, a los cuales agredieron físicamente y les quitaron y destrozaron sus equipos de trabajo, a pesar de que se identificaron como trabajadores de los medios de comunicación.

"Nos hemos puesto en contacto con ellos, lo primero que nos interesa es su seguridad. Nosotros no podemos permitir este tipo de actos que lamentablemente se vieron de forma recurrente en estos bloqueos, pese a que se identificaron, no los respetaron”, aseguró la viceministra. 

Agregó que el Gobierno realiza una evaluación de los hechos suscitados en Mairana y en las siguientes horas se dará un informe desde la cartera de Estado que corresponda. 

“Va existir un pronunciamiento sobre estos hechos desde el Gobierno, porque ya no solo se habla de un derecho a la protesta, sino de que estos bloqueos están afectando al derecho al abastecimiento, a la transitabilidad y los combustibles y al trabajo periodístico”, señaló.

La ANP también se manifestó 

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó la agresión que sufrieron este martes un grupo de reporteros y camarógrafos de medios privados de Santa Cruz, quienes fueron retenidos contra su voluntad y obligados a entregar los registros audiovisuales de su trabajo. 

“La vida de toda persona merece respeto, y en el caso de los trabajadores de la prensa, su labor es ajena a la pugna política que ha derivado en acciones de protesta de militantes de un partido en diferentes regiones del país”, señalaba la ANP, la mañana de este martes.

La ANP demandó la liberación inmediata de periodistas y camarógrafos retenidos por manifestantes y advirtió que esas acciones incurren en delitos de orden penal porque los trabajadores de la prensa desempeñan tareas reconocidas por la Constitución Política del Estado (CPE), y los responsables pueden ser pasibles de procesos judiciales.

Desde la Defensoría del Pueblo

Callisaya, desde la capital cruceña, manifestó su profunda preocupación y "rechazo a la violencia y agresiones contra trabajadores de la prensa. Estamos preocupados por las obstaculizaciones a la labor que realizan estos profesionales".

El defensor remarcó que "es importante recordar al Estado, de su obligación como garante de derechos Humanos, y exhortamos a los movilizados a realizar una pausa solidaria, estamos ingresando a situaciones de violencia irracional".

Según explicó el defensor, hasta el momento no han tomado contacto directo con los periodistas afectados. 

Para Callisaya, "es importante que los movilizados permitan un espacio de tranquilidad por esta fiesta de Todos Santos".

Colegio de Comunicadores 

Desde el Colegio de Profesionales en Comunicación de Santa Cruz, expresaron su "firme rechazo ante los lamentables hechos sucedidos durante la cobertura de los bloqueos en el municipio de Mairana, Santa Cruz, donde periodistas y camarógrafos fueron agredidos, retenidos en contra de su voluntad y forzados a entregar sus materiales de trabajo. Condenamos con determinación este atropello a la libertad de prensa y a los derechos constitucionales que amparan la labor de los comunicadores en Bolivia".

Además indica: "La prensa no debe ser rehén de conflictos sociales ni políticos. Demandamos respeto y garantías para que nuestros colegas puedan ejercer su labor informativa sin temor a represalias ni actos de violencia. Estos ataques, además de poner en riesgo la integridad de los comunicadores, vulneran el derecho ciudadano a recibir información oportuna y veraz".

Es por ello que "instamos a las autoridades nacionales a velar por la seguridad de los trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones y sancionar a los responsables de estos hechos, ya que nadie está por encima de la Ley. La información veraz y el libre ejercicio de la comunicación son pilares esenciales de nuestra democracia".

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