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Ante las denuncias de padres de familias de que algunos centros educativos particulares han aumentado el costo de las mensualidades y que también se están requiriendo  abultadas listas de útiles escolares, las autoridades de Santa Cruz se reunieron en una mesa técnica de trabajo y solicitaron que todo eso se suspenda, porque el Ministerio de Educación aún no ha aprobado la resolución 01/2021, que rige el nuevo año escolar.

La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía cruceña, Rossy Valencia, informó que  en la reunión participaron los  representantes de la Defensoría de la Niñez, Juzgados Segundo y Tercero de la Niñez, Defensoría del Pueblo, representantes de la Dirección Departamental de Educación (DDE) y  de la Asociación Departamental de Colegios Privados de Santa Cruz (Adecop). Todos forman parte de la mesa técnica.

En la cita también se abordó el tema de la pandemia que afecta a las familias. Coincidieron en que la prioridad es la salud y que la mayoría de los padres de familia no tienen la posibilidad de adquirir las largas listas escolares que están requiriendo algunos centros educativos.

Según Valencia, en la reunión acordaron que se debe limitar estas listas, porque además recordó que el primer trimestre será de nivelación y en las clases virtuales hay muchos materiales que no son imprescindibles.

También se reclamó por la tardanza en la aprobación de la resolución 01/2021, que es la que regula todo el año escolar, desde el proceso de inscripciones, los costos de las pensiones, listas escolares y la modalidad de las clases.

Pidieron a los padres de familia que no compren las listas de útiles, porque solicitarán que las mismas se adecúen a una realidad y que se compre lo necesario.

Los jueces de la Niñez han tomado conocimiento de las denuncias, principalmente de las listas escolares que en algunos casos ascienden a Bs 2.000.

El representante de la DDE dijo que mientras no salga la resolución 01/2021 no se puede aumentar las mensualidades ni pedir útiles. Se comprometió a que, desde esa institución, se emita una instructiva al respecto.

Desde Adecop reclamaron por la tardanza de la resolución, porque no se puede obedecer a anuncios que ha venido haciendo el Ministerio de Educación sobre la fecha de inicio de las clases.

Indican que el tema de las pensiones todavía debe ser regulado y que se están basando en los costos del año pasado.

La Defensoría del Pueblo se comprometió a hacer un seguimiento a las unidades educativas del sistema público, privado y de convenio, para ver que no se cometan excesos. 



 

 



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