Avasallador es encontrado quemando en el bosque chiquitano donde se evidenció 700 ha. desmontadas y más de 50 mil árboles derribados
El hallazgo ocurrió durante una inspección en San Miguel de Velasco para confirmar que avasalladores han ingresado pese a que se trata de una zona donde se hace manejo forestal sostenible con certificación nacional e internacional, y pesa una orden de desalojo para ellos, que no se ejecuta
A tres horas de San Miguel de Velasco un equipo periodístico de EL DEBER registró una pareja que estaba quemando el bosque seco chiquitano en plena pausa ambiental, cuando Bolivia ya se ha declarado en desastre por los incendios forestales y han ardido 10 millones de hectáreas. En una zona desmontada con máquina, los arbustos fueron acomodados y dispuestos para convertirse en material combustible para masificar el fuego.
El descubrimiento fue casual, durante una inspección realizada para confirmar el avasallamiento que ha sufrido Cimal-Marbol, empresa que tiene una Autorización Transitoria Especial (ATE) para manejar de forma sustentable el bosque por 40 años. Van 28 años de aprovechamiento, pero desde el año pasado están con problemas de avasallamientos, con una orden de desalojo de por medio que no se ejecuta, pese a haber sido emitida en julio de 2023.
El daño causado por avasalladores, según la inspección, es un desmonte en 700 hectáreas, lo que se traduce en más de 50 mil árboles aprovechables que fueron derribados por parte de hombres y mujeres de una comunidad, que según el sujeto encontrado quemando, se llama Monte Sinaí. Pero en el recorrido que se hizo se encontró un letrero que dice Comunidad campesina agropecuaria Tunas.
Paulo Silva, fiscalizador del área forestal explica que Cimal Marabol tiene unas 75.400 hectáreas, con un censo forestal ya desarrollado, pero que los asentamientos ilegales de los que son víctimas desde el año pasado están afectado su manejo sostenible. Dijo que tienen grupos que hacen rondas, pero que cuando llegan no encuentran a nadie, solo la devastación.
Durante el recorrido de retorno que hacía EL DEBER junto a otros colegas de un medio de comunicación, se pudo ver cómo un grupo de avasalladores corrió al monte y la pareja que permaneció solo repetía que nadie los ha mandado, que son hartos y que necesitan trabajar. Cuando se les preguntó qué pensaban hacer con la tierra dijeron que sembrar soya y maíz.
Orlando Melgarejo, vicepresidente del Consejo de certificación forestal voluntaria CFV-FSC (Certificación Forestal Voluntaria - Forest Stewardship Council) expresó que no queda duda de que se quiere hacer el cambio de uso de suelo y que el aprovechamiento forestal sostenible ya no va a ser posible en la zona desmontada con máquina porque lo que se dañó tardará más de 25 años en ser restablecido.
Melgarejo se preguntó por qué instancias del Gobierno nacional como la ABT, INRA y la Policía no han hecho algo al respecto, ya que la orden de desalojo salió en julio del año pasado y hasta ahora se ha ejecutado.
