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Además de los problemas críticos a los que se enfrenta América Latina respecto de la violencia criminal y política, también sufre por la violencia social y doméstica. De acuerdo a un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un tercio de las mujeres de la región que han estado alguna vez en una relación sentimental, han sido agredidas física o sexualmente por su pareja al menos una vez a lo largo de su vida, y “más del 10% de las mujeres mayores de 14 años han sido forzadas a mantener relaciones sexuales por alguien que no es su pareja”, esgrime el informe.

El estudio también señala que Bolivia tiene uno de los índices más altos en cuanto a violencia doméstica. En cuanto al porcentaje de mujeres que han sufrido abusos físicos o sexuales por su pareja actual o más reciente, también varía entre los países, sin embargo, Bolivia presenta la tasa más alta (casi el 60%), las tasas de Colombia, Ecuador, y Perú se sitúan entre el 30 por ciento y el 35 por ciento, y Uruguay registra una tasa de menos del 10 por ciento.



Desde Casa de la Mujer, la directora Ana Paola García, argumenta que la violencia es un hecho de poder que ejerce el hombre sobre su pareja o su expareja, “porque se cree con el derecho de posesión sobre su cuerpo, su libertad, su vida, en el sentido amplio. Cuando queremos ejercer nuestro derecho de igualdad, atentamos contra las ventajas que tienen los hombres. Cuando la mujer reclama por esa situación o quiere romper ese círculo, se ejerce violencia como acto disciplinario”.

La antropóloga argentina Rita Segato hace énfasis en el “recrudecimiento de la violencia de género en todos los países”, especialmente en América Latina. Al momento de dilucidar las causas Segato descarta la hipótesis de que el fenómeno tiene que ver con una “reacción” o “venganza” de los hombres ante los avances del movimiento feminista y las posiciones conquistadas por las mujeres en el mundo laboral o político. “Lo que puede influir es el hecho de que la masculinidad esté siendo vulnerada por la precarización del trabajo, característica del presente”. Ante la ausencia de la potencia económica, este hombre precarizado ve en la violencia “la última posibilidad para restaurarse en esa posición de dominación territorial y de dominación sobre los cuerpos”, dice la investigadora.

Por su parte Consuelo Camacho, de la Plataforma de Lucha contra la Violencia de Santa Cruz reconoce el problema como estructural, que está vinculado con las construcciones sociales que se han hecho entre hombres y mujeres. “Relaciones de poder, de privilegios para unos y de subordinación y violencia para otras. Esto está instaurado en todos los espacios, es decir, en las familias, instituciones y los gobiernos y por eso se requiere realizar políticas públicas integrales e intersectoriales que reviertan esta situación con el objetivo de entender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, esgrime Camacho. “Una violencia que está naturalizada e incluso normalizada, que se refuerza en todos los espacios”, agrega.

Detrás de las cifras y números oficiales en Bolivia la Fuerza Especial de Lucha Contra la violencia refleja que en su mayoría (ver infografía) las denuncias de los hechos violentos tienen que ver con la violencia intrafamiliar o doméstica, es decir se producen en un círculo íntimo y reducido.




Feminicidios en Bolivia

La manifestación más extrema de esta violencia, el feminicidio, ha alcanzado dimensiones preocupantes en el continente y nuestro país no es la excepción.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 4.555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 18 países de ALC en 2018.

Este año se han producido 57 feminicidios en Bolivia. Y bajo la mirada de la directora de la Casa de la Mujer, son cada día más crueles y sangrientos. “Se dan por varios motivos, o porque las mujeres se separan o porque han querido romper ese círculo vicioso. Hay veces que cuando se denuncia (como en el caso del supermercado) y no hay consecuencias, se pierde el objetivo buscado, entonces la víctima pierde, porque ya no tiene ni siquiera la amenaza de decir ‘Te voy a denunciar’. Así, el agresor se fortalece. Y piensa que puede tomar su cuerpo y su vida o puedo castigarla y nadie me va a hacer nada”, dice García.

El 35% de los casos de feminicidios registrados en Bolivia no tienen sentencia contra los culpables. En los primeros cuatro meses de este año, 41 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y desde la promulgación de la Ley 348 se registraron 777 feminicidios, de los cuales 509 casos tienen sentencia condenatoria, de acuerdo a un informe del Poder Judicial y la Fiscalía, brindado en mayo último. La Comisión Legislativa que brinda el informe también encuentra insuficiente el personal existente en la justicia boliviana.

“El feminicida sabe que existe una sociedad cómplice que, de alguna manera, va a justificar su actuar”. Hay una tendencia a patologizar todo, buscando enfermedades, diciendo que era un monstruo, un psicópata, un enfermo y al hacer esto estamos quitando la responsabilidad al agresor y llevamos a la violencia como un sistema aislado, que incluso podría llegar a suceder y así no reconocemos que Bolivia es una sociedad profundamente machista y patriarcal”, analiza la abogada Ana Paola García.

Consuelo Camacho agrega que el número de feminicidios este año sumado a las denuncias sobre las diferentes formas de violencia sexual, sicológica, etc son abrumadoras. “Estas cifras debieran ser un instrumento para los gobiernos nacional, departamental y municipales que se puedan traducir en políticas públicas con la asignación de recursos suficientes” y resalta que las planificaciones públicas no contienen presupuestos sensibles al género. “La planificación de los gobiernos tiene una ausencia de los enfoques de género. Si tomamos este instrumento, que es un diagnóstico que nos ayude a Bolivia a poder revertir esta situación, podemos hacer cosas con la voluntad política que están obligadas a contemplar y afrontar de acuerdo a las leyes bolivianas”, dice Camacho.


Violencia en pandemia

El informe también señala que debido a la pandemia de covid-19, la región sufre el impacto de la crisis socioeconómica por efecto de la crisis sanitaria, esto ha provocado una mayor brecha de desigualdad, afectando sobre todo a niñas, niños, adolescentes y mujeres, que son los más vulnerables y se encuentran en situación de riesgo dentro de sus propios hogares. Los datos muestran que la violencia contra las mujeres y las niñas aumenta en contextos de crisis, conflicto o emergencia.

Los datos del Rastreador Global de Respuestas de Género al covid-19 del PNUD muestran que “los gobiernos de la región han puesto la lucha contra este tipo de violencia en el centro de la respuesta política de emergencia: 177 medidas aplicadas en 29 países se centran en prevenir o contrarrestar la violencia contra las mujeres y las niñas, lo que equivale a alrededor del 68 por ciento de todas las acciones sensibles al género”, dice el informe

Pero resaltan importantes datos que afectan a nuestro país. Y remarca que la tasa promedio de feminicidios entre los países de la región entre 2010 y 2019 son impactantes. “En América del Sur, las tasas más altas se encontraron en Bolivia (2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5)”, dice el informe del PNUD.

Existe en Bolivia un subregistro de casos que no se llegan a denunciar por miedo o por vergüenza o porque no confían en que su denuncia logre un objetivo o sirva para salir de esa situación, dice la directora de la Plataforma de Lucha contra la Violencia. “También mujeres del área rural de las comunidades o zonas alejadas que sufren de violencia y no se conocen estadísticas o investigaciones, otra de las debilidades a pesar de la ley 348 que recomienda recoger estos datos. Esto deriva a que no se puedan hacer programas o proyectos para atender eficazmente el tema. La violencia afecta a la educación, a la economía, a los derechos a la salud, no solo a las víctimas directas”, relata Camacho.

Es por ello que los informes resaltan la necesidad de tomar en cuenta los datos para resolver el problema en forma integral donde se incluya la prevención, la atención, la sanción y la reparación. Este enfoque también debe integrar perspectivas económicas, sociales, culturales y de justicia para enfrentar el problema a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida de las mujeres.


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