“Buscan amedrentarnos”, dice el dirigente de los que protestan en la Gobernación tras denuncia en su contra
La Gobernación denunció a Fernando Vásquez por incitar a la violencia y daños a los bienes del Estado. La protesta de un grupo de porongueños ya lleva ocho días
Mientras la tensión continúa en el ingreso principal a la Gobernación de Santa Cruz, el asesor de Gestión del ente departamental informó sobre la demanda interpuesta y admitida contra el dirigente Fernando Vásquez. Según el documento, se lo acusa de los delitos como incitación a la violencia y daños a los bienes del Estado. Vásquez, según la Gobernación, es uno de los voceros de las protestas por el acuífero de la Unidad de Conservación Patrimonio Natural (UCPN) Güendá - Urubó.
Fernando Vásquez, en contacto telefónico con EL DEBER, dice que aún no ha sido notificado, pero que tampoco le preocupa. "Imagino que me van a notificar formalmente. Pero nosotros, como vigilia, no hemos realizado ningún daño a la propiedad pública; es más, hemos sido agredidos físicamente. Lo único que buscan es amedrentarnos con un proceso que saben que no va a funcionar", afirmó el dirigente.
Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación, confirmó que se presentó la demanda ante el Ministerio Público y que está ya fue admitida, por lo que se espera que los fiscales actúen de inmediato.
"Nosotros no tenemos ningún problema en contra de las protestas porque es un derecho, pero cuando ya genera violencia es un tema delictivo. Estamos frente a actitudes delincuenciales y hacemos responsable al señor Edil Fernando Vázquez porque es el incitador de todos los actos delincuenciales", expresó ante los medios de comunicación.
En tal sentido hizo un llamado al Ministerio Público para que en el marco de la denuncia admitida cite al señor Vásquez y se apersonen a las afueras de la Gobernación para que lo aprehenda por los delitos en flagrancia.
Hace ocho días, un grupo de comunarios y vecinos de Porongo tom{o el ingreso principal de la Gobernación, exigiendo la abrogación de la Ley 208, que protege el área Güendá - Urubó y que se construya una carretera.
El gobernador Luis Fernando Camacho manifestó que está en la obligación de proteger la calidad de vida de todos y cada uno de los cruceños, por lo que no cederá a caprichos. Considera que detrás del conflicto hay algunos empresarios interesados en “llenarse los bolsillos a costa de dañar lo que significa la garantía de la provisión de agua para la zona metropolitana de los cruceños”, aseveró el lunes.
Vásquez confirmó que sí, se trata de intereses económicos. "Porque son tierras, el derecho a la propiedad privada, es parte del patrimonio de la gente y no podemos tenerlo solo como monumento, solo verla sin poder trabajarla ni tocarla", remarcó a tiempo de aclarar que es el 70% de la población de Porongo la afectada, "de manera directa el 40%, pero de forma indirecta un 30% más. Son más de 3.600 familias afectadas con esta ley departamental que exigimos que se derogue. Se trata de un reclamo legítimo que no vamos a desistir", concluyó.
