A pesar del tiempo transcurrido y la colaboración española que desarticuló a una banda ligada a este caso, las pesquisas en el país avanzan con lentitud. Los nuevos encausados dieron el ‘visto bueno’ al vuelo de BoA.

10 de octubre de 2024, 9:27 AM
10 de octubre de 2024, 9:27 AM

El caso sigue abierto. Dos funcionarios de AVSEC, operadores de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que trabajaron en 2023, fueron enviados al penal de Palmasola con detención preventiva por un caso vinculado con el escándalo del ‘narcovuelo’ que operó la aerolínea estatal BoA con un trasiego de casi media tonelada de cocaína.

Según el resultado de las investigaciones ejecutadas por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía antinarcóticos, los dos funcionarios habrían ocultado las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto cruceño, a fin de obstaculizar el proceso investigativo y encubrir a los implicados en el envío de 478 kilos de droga desde Bolivia hacia Barajas, España.

Ambos imputados fueron presentados por los fiscales Julio César Porras y Juan Pablo Sánchez ante el juez cautelar Roberto Arias. Los representantes del Ministerio Público pidieron que los acusados sean enviados la cárcel de Palmasola.

De este modo, el juez valoró los fundamentos planteados por los fiscales y ordenó detención para ambos exfuncionarios de Naabol por 180 días en la cárcel.

La Fiscalía y la Felcn, en sus investigaciones, establecieron que la nave de BoA fue descubierta en el aeropuerto de Barajas de Madrid el 23 de febrero de 2023, por personal de la Administración de Aduanas, e Impuestos Especiales de Madrid. Tras la intervención encontraron 478 kilos de cocaína en la bodega

La droga estaba empaquetada en 12 bultos que no habían sido declarados en el momento de embarque y salida del avión. Los bultos contenían paquetes tipo ladrillo cubiertos con plásticos. 

Era cocaína. La Policía de España desarticuló, a finales de 2023, a la banda que operaba en Barajas bajo el manto de una empresa encargada de lavado de ropa. Producto de este escándalo, se proyectó un nuevo acuerdo antidroga con las autoridades españolas. 

El documento, negociado desde 2023, podría ser firmado en noviembre próximo. En ese contexto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, pidió que el país sea parte de las operaciones que ejecuta Europol.

Ahora bien, según las pesquisas de este caso, varios funcionarios ya fueron procesados. Incluso, autoridades nacionales admitieron que las imágenes de videovigilancia fueron eliminadas ese día.

En uno de los informes clave que, recientemente, presentó la Felcn, es el libro de novedades. Allí, los dos funcionarios no reportaron ninguna anomalía a pesar de la pérdida del registro audiovisual de las cámaras.

Los dos imputados, frente al juez, negaron estar implicados en el delito y dijeron que solo cumplieron sus funciones siguiendo los protocolos establecidos para estos casos. Las investigaciones abarcaron incluso al alto mando de la Felcn, al directorio de BoA, de Naabol y personal de Aduanas de Santa Cruz. 

Incluso fue convocado a declarar el entonces director nacional de la Felcn coronel José Illanes, quien fue ascendido al grado de general hace dos semanas.

Existen más de 50 personas investigadas, de las cuales al menos 15 fueron detenidas, pero en la cárcel actualmente solo permanecen tres a raíz de este caso.

Entre los investigados, aparece un operador extranjero que fue señalado como el coordinador del envío desde Bolivia hacia España.