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En una masiva concentración convocada por el Comité pro Santa Cruz, en contra de la "persecución política" iniciada hacia las personas que denunciaron el fraude electoral en 2019, el presidente de la institución, Rómulo Calvo, anunció para este martes la reunión nacional de comités cívicos de los nueve departamentos y para el jueves una cumbre con autoridades opositoras electas del resto del país para organizar nuevas medidas en repudio a las aprehensiones.

Desde la media tarde de este lunes, miles de personas, que llegaron desde distintos puntos de la capital y de las provincias cruceñas, participaron en la protesta frente a El Cristo Redentor, espacio histórico de las concentraciones ciudadanas

“Hoy nos encontramos a los pies de El Cristo para defender nuestra democracia y nuestra libertad, como en las elecciones del octubre de 2019, cuando hubo fraude y fue gigantesco”, expresó Calvo en su intervención

El líder cívico se refirió al informe de la OEA que se publicó el 10 de noviembre de 2019, que detallaba y revelaba la parcialidad de las autoridades electorales, además de detectar una manipulación dolosa en los resultados de la votación.

"El informe de la OEA es claro y contundente, en Bolivia hubo fraude. Los organismos internacionales auditaron esas elecciones y nos demostraron que Evo Morales hizo fraude, ese cobarde que no ha sido capaz de responder a un pueblo por este delito”, añadió Calvo.

También se dirigió al presidente del Estado Plurinacional al que pidió frenar la “persecución política”, exigió liberar a todos los “presos políticos” y darles libertad irrestricta.

 “Señor Arce Catacora, pido cesar la persecución política, ya no son tiempos del Plan Cóndor ni del Plan Evo, son tiempos de libertad. No se deje influenciar por el pasado corrupto, terrorista y cobarde que vivimos durante 14 años los bolivianos”, agregó.

Calvo también dijo: “Gracias a la sucesión constitucional usted está sentado en la silla presidencial. No jueguen con fuego, se van a quemar, Santa Cruz no va a permitir que se lleven un solo cruceño. Estamos dispuestos a jugarnos la vida en unidad, en las calles y con la fe puesta en Dios, como lo hicimos en 21 días”.

En la oportunidad, también habló el gobernador electo, Luis Fernando Camacho, que dijo que las puertas de Santa Cruz y de su casa están abiertas.

"Esos presos que sepan que no los vamos a dejar solos. Santa Cruz es un pueblo valiente. Y los que quieran venirse acá los vamos a cuidar. No solo las puertas de este pueblo están abiertas, también lo están las de mi casa", dijo Camacho, que también mencionó que en el Comité pro Santa Cruz hay siete ‘refugiados’ que llegaron desde Cochabamba.

“Logramos lo que nadie podía lograr y eso es porque estamos unidos, hoy me toca estar acá como gobernador electo de este hermoso departamento”, comentó y añadió: “En el lugar está gente que no necesita ganar una elección, así se la hubieran chanfleado”, seguidamente saludó a Gary Añez.

El excandidato a la Alcaldía cruceña, al momento de tomar el micrófono, expresó: “Convoco a los traidores, dejen su acuerdo y vengan a luchar por su pueblo”.

El acto, que concluyó con la entonación del himno cruceño, incluyó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en el 2019.

Desde el Gobierno

El presidente Arce no se ha manifestado hasta el momento por ninguna de las movilizaciones en el país en repudio a las aprehensiones por el supuesto golpe de Estado. El que sí lo hizo fue el vicepresidente David Choquehuanca, que luego de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, que ocurrió este sábado en la madrugada en Trinidad, dijo: No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, aseguró hoy que todas las actuaciones Fiscales realizadas en el marco del proceso investigativo del supuesto caso golpe de Estado y el caso Destrucción o Deterioro del Patrimonio Histórico de la Humanidad en Sucre, están enmarcadas en la normativa legal vigente, garantizando el respeto al debido proceso así como los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales.






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