Camacho enfrenta ocho procesos y activan otros dos casos contra exsecretarios
La defensa del gobernador cruceño asegura que no se sorprendería si en estas dos nuevas causas quieren implicar a Luis Fernando Camacho. La actual administración pide cárcel para los tres exfuncionarios vinculados con la compra de cisternas
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, lleva sobre sus espaldas ocho procesos penales, tres de ellos con acusación formal, por la que guarda detención preventiva desde que fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz, el 30 de diciembre en 2022.
Desde esa fecha hasta ahora el Ministerio Público abrió el caso Golpe I, Golpe II, carro Bombero, ‘Decretazo’, ‘Notaría’, el paro de 36 días en demanda por el Censo de Población y Vivienda, legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de armas, la compra de maquinaria para el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).
Ahora, la gestión del gobernador en suplencia, Mario Aguilera Cirbián, activó dos denuncias que alcanza a exsecretarios que formaban parte del gabinete de Camacho cuando estaba en función. En ambas causas, los denunciantes han asegurado que existe presunta responsabilidad, por lo que esperan que los exfuncionarios sean encarcelados.
Una de las denuncias que fue aceptada por la Fiscalía hace un mes y medio tiene que ver con la presunta compra irregular de cinco cisternas en 2022 para el combate de incendios forestales.
Ricardo Sotillo, director departamental de Asuntos Contenciosos del ejecutivo departamental, explicó a este rotativo que este caso nace en febrero de este año cuando la Unidad de Auditoría recomendó que se realicen los controles internos en los procesos de contratación. En esa dirección es que se observó el proceso en cuestión que inició a finales de 2021, pero los vehículos fueron adquiridos en 2022 con bienes de siete años de depreciación bajo monto que alcanza a casi Bs. 4 millones.
A partir de ahí es que se hallaron presuntas responsabilidades contra el exsecretario de Hacienda, Orlando Saucedo; Julio Fuentes, jefe del Programa de Fuego y Aida Montaño, directora de Recursos Naturales, quienes fueron acusados formalmente por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Los exfuncionarios han pasado en calidad de denunciados.
“Llama la atención porque los bienes son del 2016, entonces, cuando uno hace un proceso de contratación tienen que ser del año o al menos una gestión anterior. Consideramos que tienen un grado de responsabilidad”, dijo.
La segunda denuncia es sobre una presunta irregularidad en la construcción de la carretera Brecha Casarabe, en San Julián.
Etapa de los procesos
Martín Camacho, abogado de la primera autoridad departamental, detalló a EL DEBER que de los ocho casos en contra del gobernador están el caso Golpe I que tiene acusación formal, pero sin fecha de juicio; mientras que el caso del paro de los 36 días está paralizado ante un amparo constitucional que presentó uno de los acusados. En tanto que la denuncia por el ‘decreto 373’ está en apertura de juicio, aunque aún no se pudo llevar ninguna de las audiencias porque el gobernador no fue trasladado desde Chonchocoro a Santa Cruz pese a existir una orden judicial la cual fue incumplida cuatro veces por el director de pese penal.
En el caso ‘carro bombero’ está presentada la acusación, más no se presentaron las pruebas. Aún no existe fecha para el inicio de juicio, según señaló la defensa.
En las afueras de su celda en la cárcel de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho habla con uno de los custodios.
