Camacho se acogió al silencio en declaración informativa por el proceso referido al paro de 36 días

En la declaración informativa, que se realizó de forma presencial la mañana de este miércoles en La Paz, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acogió a su derecho a guardar silencio, dentro del proceso que se le sigue por el paro de 36 días ,que se cumplió en el departamento cruceño en demanda por el Censo de Población y Vivienda.

El abogado Cristopher Balcázar sostuvo que su defendido se abstuvo de declarar porque entienden que no conviene realizar, en este momento, ningún tipo de declaración al respecto.

“Dados los antecedentes que han sido puestos a nuestro conocimiento, al momento de prestar su declaración informativa, vamos a asumir nuestra defensa como corresponde”, afirmó Balcázar.

En este caso fueron demandados los líderes del Comité Interinstitucional, aliderados por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; el gobernador, Luis Fernando Camacho; el entonces presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el asesor jurídico del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, por al menos 12 supuestos delitos que se habrían cometido durante el paro por el censo.

Los delitos que se indagan en este proceso son: asociación delictuosa, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el Presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y terrorismo.

Al respecto, Balcázar aseguró que no existe “ningún nexo causal” ni de vinculación del gobernador cruceño con las movilizaciones de los 36 días del paro -ocurrido entre octubre y noviembre de 2022 para que el empadronamiento se adelante a este año-. 

Al contrario, el jurista argumentó que durante los días de movilización, los sectores sociales afines al Gobierno actuaron en contra de la población cruceña con medidas de presión, como bloqueos. Incluso, dijo que hubo “complicidad” de la Policía para actuar con represión.

“(La Fiscalía) no actuó de forma objetiva y, por el contrario, solo con reportes de prensa acepta la denuncia y realiza actos investigativos en contra de quienes no tuvieron participación alguna en las jornadas de movilización”, aseveró Balcázar.

El principal acusador en este caso es Juan Marcelo Mayta, secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

En diciembre de 2022, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que estos casos han sido acumulados en uno solo, que está radicado en la Fiscalía Departamental de La Paz. Ello es cuestionado por la defensa de Camacho, que señala que estas investigaciones deben llevarse a cabo en el lugar de origen.

“Esta denuncia, irónicamente, fue presentada en la ciudad  de El Alto, cuando los supuestos hechos delictivos no ocurrieron allá y además, los denunciados residen en Santa Cruz, y si hubieran pruebas de que hubiera ocurrido (el supuesto hecho), debería llevarse (el caso) en Santa Cruz”, sostuvo Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño.

Luis Fernando Camacho cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por el denominado caso Golpe de Estado I, relacionado con los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.