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Carlos Romero, exministro de Gobierno y precandidato a la Gobernación de Santa Cruz por el MAS, se declaró ayer víctima de la justicia inquisidora, abusiva y extorsionadora que opera en el país. Reconoció que enviar a una persona que enfrente al sistema judicial, es como hacerlo a una fosa de leones.

La declaración que concedió Romero en el programa Influyentes, que se emite diariamente por EL DEBER Radio, coincide con el proceso de reforma judicial en el país, que inició la semana pasada el ministro de Justicia, Iván Lima, con la conformación de un consejo consultivo del que forman parte expertos constitucionalistas bolivianos.

También está en sintonía con el jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Diputados, Erwin Bazán, quien apuntó que una reforma a la Constitución no cambiará la forma de administrar justicia en el país si es que los magistrados y jueces continúan respondiendo a los gobernantes de turno.

“La justicia en Bolivia está muy mal, es decir tenemos una justicia inquisitorial. Es discrecional, abusiva, extorsionadora, que dilata los procesos en el tiempo”, expresó Romero, que estuvo cinco meses detenido en la cárcel de San Pedro durante la gestión de Jeanine Áñez, acusado de incurrir en irregularidades en el proceso de licitación para el mantenimiento de aeronaves utilizadas en la lucha contra el narcotráfico.

Mi detención fue declarada ilegal el 21 abril (de este año) por una sala del Tribunal Constitucional, pero una vocal se negó a cumplir una sentencia constitucional que debió hacerlo en 72 horas y eso me impidió disfrutar de mi madre, que es lo más sagrado que tengo”, expresó el exministro de Gobierno.

Según Romero, ese episodio lo llevó a comprender que la justicia está torcida. “Aprendí que enviar gente a la justicia es como enviarlo a una fosa de leones”.

La oposición

Por su lado, el diputado opositor Erwin Bazán, de Creemos, afirmó que el Gobierno del MAS activa la justicia como un mecanismo de persecución política en contra de los opositores y de los que opinan diferente al Gobierno.

El legislador mencionó que en estos momentos existe una investigación en el Ministerio Público en contra del líder de su agrupación política, Luis Fernando Camacho, y otras cinco personas, entre ellos jefes militares y policiales, que son acusado de incurrir en los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración en contra del entonces presidente Evo Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera, que renunciaron a sus cargos el 10 de noviembre del año pasado sindicados de promover un fraude electoral.

Bazán acusó al Gobierno y al MAS de utilizar un doble discurso, porque mientras algunos de sus ministros promueven una supuesta reforma judicial, por otro lado, utilizan a la justicia como un brazo operativo para perseguir a los que piensan diferente.

El opositor mencionó que durante los 14 años de gestión de Evo Morales, los opositores fueron perseguidos por la justicia inquisitorial y extorsionadora a la que hizo referencia Carlos Romero, que fue ministro de Gobierno en los últimos cuatro años.



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