La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Náyar, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental contra el exalcalde Jhonny Fernández y la exsecretaria municipal de Salud Adriana Amelunge, por presuntas irregularidades en la adquisición de cuatro hospitales móviles durante la anterior gestión municipal.
La denuncia incluye los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, y fue hecha por el actual alcalde municipal Manuel 'Mamén' Saavedra; la presidenta del Concejo; y el subdirector de hospitales.
"Estamos formalizando la denuncia penal en contra del exalcalde Jhonny Fernández y contra la exsecretaria de Salud, por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado (...) Esperamos que la Fiscalía actúe como corresponde, que lleve adelante esta investigación de manera transparente y anunciamos a la población que, dentro de esta misma denuncia, estamos solicitando la alerta migratoria en contra de estas dos personas", señaló Náyar.
Denuncia penal contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra Jhonny Fernández by Beatriz Avalos Ribera
La autoridad señaló que se solicitó la activación de una alerta migratoria contra ambas exautoridades para garantizar que permanezcan en el país mientras se desarrolla la investigación.
Presunto sobreprecio de Bs 2,8 millones
La denuncia surge tras una serie de observaciones realizadas por autoridades municipales sobre la compra de cuatro hospitales móviles durante la gestión de Fernández. Según los informes presentados por el Ejecutivo y el Concejo Municipal, existiría un presunto sobreprecio superior a 2,8 millones de bolivianos.
"El sobreprecio es de 2.8 millones de bolivianos, aproximadamente, dentro del caso de los hospitales móviles", afirmó Náyar.
Días atrás, la presidenta del Concejo explicó que una revisión de precios realizada con la concesionaria de los vehículos permitió establecer diferencias significativas entre el valor de mercado y el monto pagado por el municipio. De acuerdo con los datos expuestos, cada unidad habría sido adquirida por más de 1,2 millones de bolivianos, pese a que el valor referencial del camión y el acoplado alcanzaría aproximadamente 531.000 bolivianos.
Además del supuesto sobreprecio, la autoridad observó que la empresa adjudicada no tendría dentro de su actividad económica registrada la provisión de hospitales móviles, situación que también forma parte de las investigaciones anunciadas.
Dos hospitales móviles fuera de funcionamiento
La presidenta del legislativo municipal lamentó que dos de los cuatro hospitales móviles no funcionen. "Uno de ellos no cuenta ni siquiera con las llaves porque hasta las llaves se llevaron. No están en funcionamiento desde el mes de diciembre del año pasado y los otros dos sí estarían funcionando, pero sabemos que esto ha sido adquirido con un sobreprecio", indicó.
Náyar aseguró que buscarán que se apliquen las máximas sanciones previstas por ley y que se recuperen los recursos observados en la contratación.
"Esto tiene una pena hasta de 10 años, así que vamos a pedir que sea la pena máxima y, lógicamente, que se devuelva la plata que se ha llevado en un sobreprecio", apuntó.