Se hicieron seis allanamientos a inmuebles y en uno de ellos se arrestó a la hermana del principal acusado, que después quedó libre. Hay alertas migratorias contra los seis denunciados. No se descarta que se convoque a declarar al exalcalde Fernández

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8 de diciembre de 2021, 4:00 AM
8 de diciembre de 2021, 4:00 AM

El caso de supuestos 800 ítems fantasma tuvo dos jornadas movidas. Ayer se conoció que Antonio Parada Vaca, principal acusado en la investigación, salió del país de manera irregular. Además, la Fiscalía informó que se convocó a declarar en calidad de testigos a 42 ex secretarios de la gestión de Percy Fernández. También se emitieron seis alertas migratorias contra los denunciados: los tres hermanos Parada Vaca, Javier Cedeño, Julio Herbas y Javier Carrasco.

Parada Vaca decidió salir del país de forma irregular. El comandante de la Policía Boliviana, general Jhonny Aguilera, confirmó que el principal acusado de este caso optó por abandonar Bolivia por una ruta no formal. Similar declaración emitió el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien dijo que “hay que comprender la porosidad que tienen nuestras fronteras y que algunas rutas, utilizadas por la delincuencia común, son utilizadas para abandonar de manera irregular el país. Entendemos que este pudiera ser el medio utilizado por el señor (Antonio) Parada, aunque, insisto, todavía no hemos recibido una confirmación de ningún país vecino acerca de su paradero”.

Ayer la Fiscalía realizó allanamientos en seis viviendas registradas a nombre del principal acusado, quien fue director de Recursos Humanos de la Alcaldía de la capital cruceña y de sus familiares cercanos.

En uno de los inmuebles se arrestó a la hermana del acusado, Merisabel Parada Vaca, y se la trasladó a la Fiscalía. La arrestada se abstuvo de emitir cualquier criterio sobre la conducta de su hermano y su defensa remarcó que la Constitución Política del Estado establece que ninguna persona en ninguna circunstancia está obligada a declarar en contra de sus familiares.

Aunque las actuales autoridades municipales insistieron que Merisabel y Guillermo, ambos hermanos de “Tony”, posiblemente fueron favorecidos con inmuebles y vehículos, pues de acuerdo a la documentación extraída de la Secretaría Municipal de Administración Tributaria (SAP) la arrestada contaría con tres inmuebles, dos de ellos adquiridos en un solo día.

Por su parte, remarcaron que Guillermo tiene a su nombre un inmueble y seis vehículos, de estos al menos cuatro de alta gama. Un par de los motorizados fue comprado entre noviembre y diciembre del 2015 y otros dos entre julio y octubre de la gestión 2017.

Al respecto, el esposo de Merisabel, Jorge Villena, indicó que su pareja es funcionaria hace años en la Universidad Gabriel René Moreno y que él es gerente en una empresa particular. “Todas las acusaciones son falsas. No tenemos varias viviendas ni mi esposa tiene vínculo comercial con su hermano”, insistió.

Villena aseguró que la familia solo tiene una vivienda propia y dos vehículos fruto del trabajo de ambos.

Sin embargo, Marcela Terceros, parte de la comisión de la Fiscalía Anticorrupción, indicó que se identificó que la mujer tiene un inmueble y una propiedad que fueron adquiridas en varios años. Por la noche, Merisabel fue liberada y la fiscal dijo que permanece en calidad de investigada en este proceso.

Hallazgos en allanamientos

Entre los allanamientos que realizó ayer, la Fiscalía recolectó documentación sobre el caso. Estos operativos se realizaron de forma simultánea y una de las intervenciones fue en el condominio Alto Las Palmas, cerca de la radial 17 y medio. En dicha urbanización vivirían Parada y un hermano.

También se allanaron inmuebles en la avenida Paraguá y en el cuarto anillo y avenida San Aurelio. Las pesquisas policiales llegaron también al domicilio de Julio César Herbas, otro de los exfuncionarios denunciados. Un fuerte contingente policial acompañó a las autoridades judiciales, quienes recabaron información para ser revisada en el caso.

El ministro Del Castillo indicó que en estas acciones también se habría encontrado armas en el interior de algunos inmuebles.

Las actuales autoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra solicitaron ante el Ministerio Público la declaratoria de alerta migratoria contra 43 exautoridades de la gestión de Percy Fernández, entre ellas está Joaquín Crapuzzi, exsecretario municipal de recaudaciones y de quien circuló una fotografía en el aeropuerto Viru Viru. Pero el pedido fue descartado por la fiscal del caso.

Ante ello, Crapuzzi aseguró a EL DEBER que está en Panamá por un viaje que tenía programado desde hace ocho meses. “Tenía boleto pagado desde abril para la boda de un amigo. Me compré el pasaje en una agencia y lo pagué en cuotas”, detalló a tiempo de asegurar que retornará en diez días.

La exautoridad aseguró que hasta antes de abordar el vuelo no fue involucrado en este caso, por lo que no tenía citación para declarar ni restricción de viaje.

Sobre el caso, aseguró que sus abogados están preparando la información de descargo para descartar la existencia de ítems fantasmas en el SER, en la que él era titular.

Crapuzzi reconoció que en el SER contaba con personal que no marcaba, pues realizaban trabajos en la calle, como notificaciones y fiscalizaciones de inmuebles, pero dijo que “es un personal mínimo”.

Ayer por la noche, la fiscal Terceros anunció que se emitieron citaciones a declarar en calidad de testigos a 42 exsecretarios de la gestión de Percy Fernández. La investigadora además informó que se activaron alertas migratorias contra los seis denunciados: los tres hermanos Parada Vaca, Javier Cedeño, Julio Herbas y Javier Carrasco.

Es calidad de testigos (las citaciones) para las 42 personas”, dijo Terceros.

Por su parte, el director general de Asuntos Jurídicos del municipio cruceño, Ever Mérida, indicó que se presentó el memorial con el objetivo de garantizar que estas personas respondan por el caso en la Fiscalía.

“Se hizo la solicitud para que permanezcan en el país. Luego la Policía y la Fiscalía definirán si los citan a declarar. Este grupo de personas es estratégico en la investigación, deben responder ante la justicia”, sostuvo Mérida.

El listado de convocados a declarar está integrado por los secretarios de los últimos diez años, entre estos incluso se agrega a José Salvador Canudas, quien enfrentó un proceso por el caso dron en 2016 y Boris Salomón, que asumió el 2014 la secretaría de Planificación.

Entre los más cercanos a Sosa están Sandra Velarde, primero secretaria de Planificación y en los últimos años de Finanzas; Roberto Áñez, que ejercía como secretario de Parques y Jardines; Rolando Ribera de Movilidad Urbana y Desirée Bravo, que estuvo en diversos cargos en toda la gestión de Fernández.