Uno de los fiscales no pudo participar de la audiencia porque dio positivo por Covid-19. Además, el cuadernillo de investigación no estaba a disposición de la comisión de fiscales

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23 de diciembre de 2021, 11:38 AM
23 de diciembre de 2021, 11:38 AM

La mañana de este jueves se instaló la audiencia en la que el único detenido por el caso Las Londras, Heber Sixto Canaza, buscaba su libertad; sin embargo, esta se suspendió debido a que uno de los fiscales no pudo asistir porque dio positivo por Covid-19 y la sesión fue suspendida para el 27 de diciembre a las 10:00.

César Cardona, abogado de Canaza, lamentó el hecho toda vez que esperaban revertir el fallo que dictaminó un juez, que envió a su defendido a la cárcel de Montero a cumplir una sentencia de 6 meses con detención preventiva.

“Esperábamos que se lleve adelante la audiencia, toda vez que la detención preventiva es totalmente arbitraria y eso es lo que buscábamos fundamentar. El vocal decidió suspenderla porque el cuadernillo de investigación no se encuentra en manos de la comisión de fiscales”, indicó Cardona.

Canaza es un dirigente campesino afín al MAS y fue uno de los que encabezó un bloqueo en San Julián para exigir al Gobierno nacional la posesión de predios privados en la provincia Guarayos, donde secuestraron a 17 personas. En filas del oficialismo denunciaron el hecho irregular, pero no siguieron ni fiscalizaron la investigación.

Heber Sixto Canaza fue imputado por varios delitos penales por la comisión de fiscales que investiga el caso. Fue identificado como parte de un grupo armado de encapuchados que el pasado 28 de octubre atacó, secuestró y torturó a policías, periodistas y civiles en el predio de Las Londras, en la provincia cruceña de Guarayos.

La Fiscalía imputó al acusado por los supuestos delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, robo agravado, porte de armas de fuego, privación de libertad y amenazas. Fue enviado a prisión con detención preventiva el pasado 25 de noviembre.

Por este caso, existen seis mandamientos de aprehensión; sin embargo, hasta la fecha no se ejecutan y las autoridades judiciales y del Gobierno nacional tampoco actúan con la celeridad requerida y que se observa en otros casos.