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La acusación presentada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en contra de quienes habrían ‘tejido’ el entramado de la historia que se conoció como casos terrorismo I y II, fue observada por el Ministerio Público.

El documento de 59 páginas al que tuvo acceso EL DEBER y que ya es de conocimiento fiscal, tuvo observaciones en la forma de presentación y se ha solicitado que los acusadores hagan las modificaciones planteadas, para que una vez estas se cumplan se vaya al análisis de fondo del caso.

La acusación hace un relato extenso de lo ocurrido antes de la intervención al hotel Las Américas, en abril de 2009. De igual forma cuenta cómo los casos fueron cerrados en 2019 y 2020, tras la salida de Evo Morales del país.

La acusación es por asesinato y torturas bajo la forma de lesa humanidad en contra de Evo Morales, Álvaro García Linera, Raúl García Linera, Alfredo Rada, Nardi Suxo, Walker San Miguel, Wilfredo Chávez, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Marcos Farfán, Luis Nolberto Clavijo, Víctor Hugo Escobar, Jorge Renato Santiesteban, Wálter Andrade y Marilyn Vargas.

La acusación pide que la Fiscalía solicite el flujo de pasajeros de las líneas aéreas BOA y Amaszonas, del 1 al 20 de abril de 2009, lo mismo que al hotel Las Américas informe quienes se hospedaron allí en esas mismas fechas.

También solicita que se requiera que el Comando General de la Policía haga conocer el destino de los policías Andrade y Vargas, además de la lista de todos los agentes que fueron destinados desde 2007 a la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) hasta la disolución de la unidad policial.