La denuncia sobre la red de venta de ítems involucra a una exsecretaria municipal e incluso compromete al alcalde Jhonny Fernández. La Alcaldía dice que investiga al caso.

16 de septiembre de 2022, 9:55 AM
16 de septiembre de 2022, 9:55 AM

La Alcaldía cruceña se ve nuevamente implicada en un supuesto hecho de corrupción. Esta vez se trata de la denuncia de los concejales de Comunidad Autonómica (C-A) sobre una supuesta “red de venta de ítems” en esta institución, que involucraría a concejales, secretarios, directores, además del alcalde Jhonny Fernández.

El jueves, la Fiscalía allanó las oficinas de la Quinta Municipal en busca de documentación relacionada a esta denuncia. Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ingresaron a las oficinas de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano con la finalidad de identificar algunos contratos irregulares. Estuvieron realizando esta intervención por más de una hora y media, a la cabeza de la fiscal asignada, Rose María Barrientos.

“Se trata de una investigación sobre una persona particular, que aprovechando que su madre era secretaria, empezó a hacer negocios propios con la venta de ítems, prometiéndole un ítem a las personas y cobrándoles por eso”, señaló Erwin Tapia, director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, en un contacto con EL DEBER Radio.

Tapia redujo esta denuncia apuntando directamente a  Mauricio Pinto y su madre Teresa Góngora, exsecretaria de Desarrollo Humano, como las personas responsables de este ilícito; sin embargo, la denuncia de los concejales opositores refiere que habría más personas involucradas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo municipal.

“Nosotros, como municipio, iniciamos un proceso contra ella (Teresa Góngora) por utilizar bienes del Estado, ya que el joven (Mauricio Pinto) usaba las oficinas  de su madre sin ser funcionario público y dentro de esta nueva investigación también nos adherimos como municipio a la denuncia. Ambos van a ser investigados”, afirmó Tapia.

Teresa Góngora ocupó el cargo de secretaria de Desarrollo Humano tras la destitución de Raschid Guardia. Su paso por esa repartición municipal fue corto y estuvo marcado por acusaciones de nepotismo y usurpación de funciones. En junio fue reemplazada por Adriana Pedraza y, según Tapia, también fue desvinculada totalmente de la Alcaldía.

A su vez, el funcionario negó que sea posible acceder a trabajar en la Alcaldía con un ítem obtenido a través de una remuneración económica e instó a las personas a que no caigan en este tipo de engaños.

“No existe eso dentro de la Alcaldía, las personas no deben ser sorprendidas por este tipo de individuos que se aprovechan de sus cargos o sus vínculos familiares para estafar a las personas con el cuento de que les van a conseguir un ítem”, enfatizó Tapia.


Por su parte, el concejal Juan Carlos Medrano (C-A) cree que la Alcaldía tenía conocimiento de estas denuncias desde hace meses y en lugar de iniciar procesos, encubrieron los hechos y trataron de desviar la atención, lo mismo que estarían haciendo ahora al responsabilizar únicamente a Pinto y a Góngora para proteger al resto de funcionarios implicados.

“Hemos recibido a 10 víctimas de diferentes direcciones municipales que habrían sido estafadas y que también conocen a personas que habrían entrado a trabajar con esta venta de ítems, entonces me parece una vergüenza que la Alcaldía no asuma la responsabilidad, ya que el alcalde es el directo responsable porque él firma el memorándum de los ítems, acá hay una red, esto funciona desde el que capta a la víctima hasta el alcalde que firma el ítem”, detalló Medrano.

El concejal opositor enfatizó en que la exsecretaria de Desarrollo Humano y su hijo no son los únicos responsables de esta red de venta de ítems, ya que son por lo menos mil ítems los que se vendieron en complicidad con funcionarios de la Alcaldía y concejales de Unidad Cívica Solidaria (UCS), por lo que señaló que se recaudaron de manera irregular más de $us 3 millones.

“Hay un director involucrado, de una repartición muy importante, que no vamos a decir el nombre a pedido de las víctimas que temen represalias, los chats también apuntan a distintos concejales, al director de Recursos Humanos (Manfredo Menacho) y al mismo alcalde (Jhonny Fernández) que tenía conocimiento de estos ítems vendidos e incluso tenían que preguntarle a él para ver cuando los firmaba”, añadió Medrano.