Caso vertedero: Fiscalía ve, en dos avalúos en menos de tres meses, pruebas de perjuicio económico para el Municipio
En el primero se indica que cada metro cuadrado, del terreno donde ahora está el vertedero, tiene un precio de $us 1; mientras que en el segudo, la cifra sube a $us 5. El daño económico calculado es de $us 8 millones
Cuatro delitos se les imputan a las exfuncionarias municipales Sandra Velarde Casal y Ruvi Yndira Suárez Subirana: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes; todo esto dentro del caso referido a la compra de terrenos para el vertedero municipal, ubicado en San Miguel de Los Junos, Distrito Municipal 14. El fiscal asignado al caso, Alberto Zeballos Flores, solicita para ambas la medida cautelar personal, de detención preventiva en el centro de rehabilitación Santa Cruz, por el término de seis meses o 180 días.
La imputación se realiza a Velarde en su calidad de exsecretaria municipal de Administración y Finanzas, mientras que, a Suárez, como exdirectora de Planificación Integral; ambas suscribieron el contrato de transferencia del terreno donde actualmente funciona el vertedero municipal y por el cual, el Gobierno Municipal pagó -por expropiación- $us 9.992.500,00; es decir $us 5 por metro cuadrado.
De acuerdo con la Directora Municipal de Transparencia y denunciante en este caso, Adriana Pedraza, esto implica un daño económico de $us 8 millones para el municipio.
“Eran predios que estaban dentro del área rural y no urbano; sin embargo, fueron vendidos como predios urbanos. (…) Estamos a la espera de que se considere la imputación y de que se señale la fecha y la hora de la audiencia”, manifestó Pedraza en un video difundido por el Municipio cruceño.
De acuerdo con la información que consta en el documento de la imputación por el caso de la compra supuestamente irregular de terrenos para el vertedero municipal, existieron dos avalúos sobre los predios en cuestión; el primero, en abril de 2018, que daba cuenta de que cada metro cuadrado tenía un precio de $us 1. Sin embargo, en junio de ese mismo año se solicita un nuevo avalúo, el que da como resultado un precio de $us 5 por metro cuadrado.
Después de una conciliación de justoprecio con los vendedores, que pedían $us 9 por metro cuadrado, según el documento, se llega a un acuerdo con los propietarios, de $us 5 por metro cuadrado; “existiendo dos avalúos similares con diferentes precios en el mismo año, con una variación de menos de tres meses, demostrándose con eso un perjuicio económico evidente al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra”, observa el fiscal.
En el documento de transferencia de los terrenos, firmado el 19 de septiembre de 2018, se establece que éstos serían pagados en cuatro cuotas. El primer pago sería equivalente al 40% del total conciliado “dentro de los siete días hábiles siguientes a la presentación de todos los documentos de Derecho Propietario a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra”.
La segunda cuota, equivalente al 10% del total conciliado, debía pagarse dentro de los 30 días calendario, después de realizado el primer pago. El tercer pago, debía efectuarse el 1 de abril de 2019, y el último, el 2 de mayo de 2019. Los últimos dos representaban, cada uno, el 25% del total conciliado. Las investigaciones y documentos obtenidos por la Fiscalía determinan que los pagos fueron efectuados.
Los imputados
EL DEBER llamó tanto a Velarde como a Suárez; no obtuvo respuesta de la primera. La segunda se excusó de contestar, puesto que se encontraba poniendo en orden la documentación para su defensa el día de la audiencia, para poder así demostrar su verdad.
El abogado que inicialmente las patrocinaba y cuyo nombre aparece en el documento de imputación, Álvaro Chavarría, afirmó que solo las asistió en la declaración a la que fueron convocadas; que sabía que Velarde tenía un nuevo abogado, pero no recordaba su nombre.
Por otro lado, el representante legal de los vendedores, Fabián Égüez Hurtado, fue imputado por los delitos: contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. También para él fue solicitada la detención preventiva, por el mismo tiempo.
El fiscal señala que existen “elementos suficientes parar sostener que los imputados son, con probabilidad, autores o partícipes de un hecho punible” y que podrían obstaculizar las investigaciones.
En el documento de imputación también se expresa que se citará a testigos claves en esta investigación: Angélica Sosa Arreaza, Franz Javier Sucre Guzmán, Mario Aguilera Cirbián, Ismael Suárez y Percy Fernández Áñez, entre otras personas.
