Escucha esta nota aquí

Una vecina de Pailón, que pidió no ser identificada, llegó el lunes a las oficinas de la Fiscalía de San Julián para ver en qué estado se encuentra el proceso que su esposo enfrenta por estupro; sin embargo, solo se encontró con el asistente del fiscal Renzo Estévez que no le dio ninguna solución. Al lado, en la Casa Judicial, tampoco encontró al juez, solo le atendió la secretaria, que le sugirió volver otro día.


Minutos después a la misma Fiscalía llegó otra mujer y, al no encontrar a los operadores de justicia, quedó decepcionada. “Tal vez porque soy pobre y del campo nadie me oye. Mi esposo fue sentenciado por un delito menor y yo estoy sola con mis hijos, no hay a quién preguntar. No sé que haré”, expresó.


Desde el lunes 15 de mayo, es decir, hace casi dos semanas, San Julián está sin policías, sin  fiscal ni juez, porque estos se replegaron (el fiscal y el juez a Santa Cruz, y los policías a Cuatro Cañadas) después de que una turba de vecinos asesinara  a Johnny Pizarro Miranda (38), acusado de atracar y de victimar a Wilfredo Alejandro Gómez (17), en abril.

Todos piden el regreso
Las puertas de la Policía están cerradas. En las oficinas de la Fiscalía solo hay un asistente y en la Casa Judicial, una secretaria. Los pobladores, no solo de San Julián, sino de Pailón, Concepción y otras poblaciones, llegan en busca de información sobre sus casos pendientes, pero se ven obligados a retornar a sus casas decepcionados.  
El alcalde de San Julián, Faustino Copa; el máximo ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Ascencio Ovando  y los dirigentes de las federaciones de transportes, de mototaxis, organizaciones de mujeres, comunidades interculturales del norte, del sur y de Paraíso y juntas escolares, emitieron un pronunciamiento, donde piden al ministro de Gobierno, a la Policía, a la Fiscalía y a la justicia el regreso de sus operadores para garantizar la convivencia y el Estado de derecho. 


Copa aseguró que nadie agredió a los policías, más bien se reconoce su labor aunque admitió que la gente se desbordó debido al malestar que hay por varios crímenes que están sin esclarecer. 


Ovando añadió que nadie atacó ni expulsó a la Policía. “Ahora que no hay policías, nos estamos cuidando. No queremos cometer delitos ni ser víctimas de los delincuentes. Vivimos de la agricultura. Si no regresa la Policía, el pueblo tomará sus propias medidas”, manifestó.
  
Los policías son servidores
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que tras el linchamiento se pidió el repliegue de la Policía. “Los policías son servidores públicos, no se puede justificar la agresividad de la gente, no se puede sufrir ataques. Condenamos la acción que se desarrolló”, expresó. 
“Entendemos que puede haber furia colectiva, suspicacia con relación a la justicia a un hecho criminal, porque hay una familia dañada y una comunidad indignada, pero eso no justifica la violencia”, añadió. Romero no quiso precisar cuándo retornarán los policías a San Julián, pero aseguró que debe haber condiciones objetivas para volver. 


El ministro admitió que la Policía ha sido objeto de agresiones pues lo mismo ocurrió en Yapacaní, Potosí, Sucre, Camargo, Chapare y otras poblaciones,  pero que  “esto no se debe repetir”. 

Comentarios