Censo: sin la firma del alcalde, convocan a segunda cumbre departamental para este sábado a las 15:00

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, reunido este jueves en ambientes de la Uagrm, determinó convocar a una segunda cumbre departamental para este sábado 30 de julio, a las 15:00, con el objetivo de tomar las acciones necesarias para que el Gobierno establezca la realización del censo en 2023. El lugar sugerido es el estadio municipal de la Máquina Vieja.

Asimismo, en la reunión se aprobó la conformación de una comisión de comunicación que se encargue de informar acerca de la importancia del censo “oportuno y transparente”.

Finalmente, señala que las instituciones que conforman el comité se mantienen en estado de emergencia y exigen al Gobierno una reunión técnica -de inmediato- con el ministro de Planificación y los especialistas del Instituto Técnico de Estadística.

El alcalde

En la reunión que contó con la representación de diversos sectores, comenzó con el informe del alcalde Jhonny Fernández, que el miércoles había participado en un encuentro con los burgomaestres de ciudades capitales, más El Alto, y el presidente Luis Arce.

Destacó que fue como representante de Santa Cruz de la Sierra y que el municipio tiene avanzada la cartografía. Los puntos que más roncha sacaron entre sus oyentes fueron los referidos a que se dejaba abierta la fecha de realización del censo y a que se realizarán mesas técnicas para que el Gobierno no solo exponga lo que considere necesario, sino que escuche a las regiones. 

Lo que para Fernández era un logro, para la mayoría de los representantes que tomaron la palabra, fue un fracaso, una traición. 

Algunas voces fueron diplomáticas, como la del gobernador Luis Fernando Camacho, que recordó que como autoridades ellos reciben un mandato del Comité Interinstitucional -que “están por encima de mí; me guste o no me guste”- un mandato que es para cumplirlo, “no a mi gusto y sabor”.

A su turno, Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, dijo que una reunión de 10 alcaldes no estaba por encima de las determinaciones del Comité Interinstitucional.

Otros, como el diputado Erwin Bazán, estuvieron en el medio. “El centralismo siempre encuentra actores que le ayudan a debilitar la posición de Santa Cruz. Muchas veces los enemigos están adentro”, indicó antes de rechazar el informe del alcalde.

Por la misma línea, estuvo el concejal Juan Carlos Medrano: “Lo que pasó en La Paz fue una traición al pueblo”, dijo, y luego se refirió a la existencia de ‘infiltrados’ en esa comisión y pidió “pelar capucha de verdad”; una expresión que Fernández había usado antes, también en el contexto del censo.

La diputada Luisa Nayar, por su lado, se fue sin rodeos: “Señor alcalde, ¿está con el MAS o con el pueblo cruceño y sus necesidades?”, le preguntó a quemarropa.

Así siguieron otros oradores, varios manifestaron que no aprobaban o que rechazaban ese informe. Los ánimos se caldearon y el alcalde les dijo que no fue a rendir un examen o a que lo aprobaran o desaprobaran. 

Pese a que al inicio de la junta el rector de la Uagrm, y presidente de la Comisión, Vicente Cuéllar, había pedido que no hubiera aplausos ni otros ruidos de ‘barras’, por momentos el público no pudo contenerse.

El alcalde tomó la palabra para hablar de la falta de respeto que, según él, había recibido y manifestó que, si eso continuaba, él no volvería; que no contaran con él. Del mismo modo, rechazó la posibilidad de avalar o participar en posteriores paros, si es que fuera una determinación a la que la Comisión llegara.

Finalizada la ronda de oradores, y ante el cuarto intermedio para redactar las conclusiones, Fernández abandonó el lugar, por supuesto sin firmar el documento.

Los oradores

La mayoría de quienes tomaron la palabra confirmó la necesidad de que el paro se realice en 2023.

“Fuimos claros con el Gobierno: queremos que vengan, nos expliquen por qué se va a suspender un censo hasta el 2024. Queremos que técnicamente nos digan por qué vamos a esperar dos años para hacer algo que tiene que -en teoría y por ley- suceder dentro de los siguientes cuatro meses”, manifestó Matkovic.

El legislador cuestionó la información contradictoria que existe sobre el avance del censo y la cartografía. “Nadie sabe qué es lo que han hecho. Lo único seguro es que lo han hecho adrede (…) Este censo lo han atrasado adrede”, afirmó.

La legisladora departamental Paola Aguirre instó a la comisión a arriesgarse y radicalizar las medidas: “Como Asamblea Legislativa Departamental estamos absolutamente convencidos de que el Gobierno no va a dialogar con Santa Cruz, por eso es importante tomar conciencia y arriesgarnos. Si el censo se lleva el 2024 no va a ser culpa del Gobierno, va a ser culpa de nosotros que, como autoridades, nos habremos aplazado, si permitimos tal división”.

Aguirre y el Camacho remarcaron que el proyecto de ley para que en el departamento se pueda realizar un levantamiento estadístico ya está en la Asamblea Legislativa Departamental, para su tratamiento; lo que es un avance en los mandatos que la Comisión Interinstitucional planteó en sus inicios. 

Por otro lado, la expresión “despolitizar el censo”, que el Gobierno ha estado manejando como mensaje clave en las últimas semanas, fue cuestionada por los diputados Bazán y Centa Reck.

Para la legisladora equivale a decir: “desmovilicemos el censo”; y negó la posibilidad a esa opción. Por ello invitó a las mujeres y a los jóvenes a salir a las calles para conseguir sus reivindicaciones.

Bazán fue más allá y describió al censo: “Es un evento político que debe ser manejado técnicamente, porque nos va a decir no solamente cuántos somos y dónde estamos, sino que nos va a dar datos verídicos de cómo están nuestras condiciones de vida. Va a obligar a transparentar la información y no seguir tomando decisiones políticas de manera unilateral”

Despolitizar el censo “significa negarnos el derecho legítimo de protestar y estar en contra de las arbitrariedades del Gobierno”, indicó.