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Viven en Candelaria, San José y Colorado, las tres comunidades que conforman el territorio Campamento, ubicado en el distrito 8, zona del Alto Paraguá, en San Ignacio de Velasco. 

Se reunieron en cabildo de emergencia en la mañana de este domingo 6 de junio para tratar el tema de tierra y territorio del distrito 8 de San Ignacio de Velasco, al que pertenecen, en la zona del Alto Paraguá. Fueron alertados sobre la llegada de gente extraña, que supuestamente se dirigía hacia allá.

Desde hace un par de días ya habían sido anoticiados, y de la reunión de esta mañana emitieron un voto resolutivo. "No queremos que llegue esta gente que viene a ocupar tierras fiscales en nuestra zona de Alto Paraguá, nos estamos preocupando porque sabemos que están viniendo", dijo una de las dirigentes.

En el voto resolutivo, los comunarios dejaron en claro que sienten que sus tierras están siendo avasalladas por gente que no es originaria del lugar. "Deberían ser dotadas primero a los oriundos de la Chiquitania. Defenderemos nuestro territorio en cualquiera de las circunstancias de avasallamiento de gente sin escrúpulo que viene avasallando para negocio. Hacemos conocer a las autoridades y los medios de comunicación para que tomen sus precauciones", dice el documento, firmado por los representantes de las tres comunidades, y otras autoridades.

Les recortaron tierra

Los habitantes de Campamento hace unos años sufrieron el recorte de 4.700 hectáreas. A las tres comunidades que conforman Campamento, centenarias, solo les dieron 23.000 ha. La molestia de ellos es que tuvieron que bloquear para que se las titulen mucho tiempo después; sin embargo, el territorio que les quitaron, dicen los dirigentes, lo dieron a los habitantes de lo que se conoce como Las Trillizas: Chirimoya, Tierra Firme y Tierra Hermosa, comunidades interculturales que llegaron en 2008, ya con sus papeles de titulación en esa época, antes que ellos, que son originarios.

Según la dirigente de la zona, Arminda Gómez, el INRA les dio en compensación, pero por los reclamos, 7.000 hectáreas, sin embargo, cuestionó que no eran tierras trabajadas ni con inversión, a diferencia de las que fueron quitadas, y además quedaban en otra parte. A los interculturales de Las Trillizas les dotaron más de 100.000 hectáreas

El INRA se excusó de ir

En una carta del 1 de junio, del director nacional del Inra, Eulogio Núñez, dirigida al alcalde de San Ignacio, Ruddy Dorado, le informó que la reunión planificada para el 5 de junio se suspendía debido al incremento de los contagios por Covid-19.

"Reafirmamos nuestra voluntad de escuchar sus demandas, dar la información necesaria sobre el saneamiento y los procedimientos para la distribución de tierras; así como de las perspectivas futuras de estos mandatos, a través de mesas técnicas. Y si la urgencia lo amerita, atenderlos por medios virtuales en la ocasión que se vea propicia", decía la misiva.

Instructiva

Un instructivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígenas Originarios Campesinos Regional de la Gran Chiquitania, del 21 de mayo de este año, ordena a todas las comunidades afiliadas que no hubieran cumplido con la Función Económica Social (FES) en los predios que el INRA les dotó bajo Resolución Administrativa de Asentamiento, que ingresen de manera urgente a cumplir con la FES, como manda la normativa agraria para el trámite de título ejecutorial.

El documento señaló que en esos días el INRA nacional programaría inspecciones para la verificación de la FES. 

La ley también establece que la FES está sujeta a revisión con el objeto de  que las tierras ociosas pasen a manos del Estado y este las distribuya a comunidades indígenas o campesinas. Esta evaluación se realiza cada cinco años desde 2015 (antes de eso, cada dos años). 

Una de las denuncias recurrentes en la zona de la Chiquitania es que hay dotaciones previas al asentamiento, como en San Miguel de Velasco. O comunidades donde no habitan los beneficiarios, como en la comunidad Vandiola, en Concepción. O comunidades donde se revende varias veces la posesión, en contravención a la normativa.

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