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La Central de Comunidades Indígenas e institucionalidad del municipio de San Miguel de Velasco se unieron y desalojaron pacíficamente a campesinos interculturales que avasallaron tierras de los originarios chiquitanos.

El presidente de la máxima organización indígena del pueblo migueleño, Cándido Casupá Surubí, manifestó que grande fue su sorpresa cuando este miércoles se constituyeron en predios de la comunidad Saruki Churapa, ubicada a 51 kilómetros de San Miguel, y encontraron varias personas asentadas en territorio que corresponde a los de la zona.

"Eran campesinos de otras partes del país que, ante nuestra presencia, desalojaron pacíficamente el lugar. Con aval del Gobierno, del INRA, quieren usurpar nuestro territorio, el de los originarios", dijo Casupá.

El dirigente indígena explicó que tenían la información de que, encima de la comunidad Saruki Churapa (que en idioma bésiro significa amigo – hermano), los extraños querían formar la comunidad Juana Azurduy. "Cosa que no vamos a permitir", dijo.

Según Casupá, son más de 70 las comunidades con resoluciones administrativas de asentamientos en el municipio de San Miguel de Velasco, incluso de 2014 y de gente que no habita en el lugar, y que recién está empezando a llegar. Sobre las comunidades consolidadas de los oriundos, dijo que son 45, menos que los interculturales, y que como organización indígena chiquitana pretenden que el INRA autorice la organización de 51 comunidades de nativos chiquitanos, y que ya han solicitado.

Supuestamente, este 5 de junio las autoridades de San Ignacio de Velasco recibirán al director nacional del INRA, Eulogio Núñez, y entre los días 8 y 10 de junio será el turno de San Miguel de Velasco, para tratar la problemática de la tierra.

Peticiones al alcalde de San Miguel

A través de una carta del 17 de mayo, dirigida al alcalde de San Miguel, Pedro Damián Dorado, y también vicepresidente de Amdecruz, la directiva de la Central Sindical Única de Trabajadores de San Miguel de Velasco, dependiente de la Csutcb,  solicita reunión con los afiliados para tratar varios temas: el reconocimiento con resolución municipal a todas las comunidades campesinas de San Miguel de Velasco; la sobreposición con las comunidades en conflicto; caminos de acceso; perforación de pozos; y otros temas productivos. 

Asimismo, a través de un instructivo del 21 de mayo de este año, firmado en Pailón, la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígenas Originarios Campesinos Regional de la Gran Chiquitania, instruyó a todas las comunidades afiliadas a la federación, central y subcentrales, que no hubieran cumplido con la Función Económica Social (FES) que el INRA les dotó bajo Resolución Administrativa de Asentamiento, que ingresen de manera urgente a sus parcelas, para cumplir con la FES, como manda la normativa agraria para el trámite de título ejecutorial.

"En estos días el INRA programará inspecciones para la verificación de la FES. A la comunidad que no demuestre la Función Económica y Social, lamentablemente se desestimará su Resolución Administrativa de Asentamiento".

El documento fue firmado por Andrés Martínez Nina, Nemesio Zurita Aguilar, Hunilio Arancibia, Gabriel Zelaya Aramayo, Ponciano Colque Cruz, Fermín Choque Foronda y Heber Justiniano. Este último, desde la ABT dio una conferencia de prensa advirtiendo a los cívicos, Comité de Gestión y control social de Roboré que desalojaron a los interculturales que llegaron a ese municipio.  

Las resoluciones

Las autoridades de San Miguel de Velasco manejan una lista de 72 comunidades, en total con casi 30.000 familias, que pretenden asentarse recién, a pesar de que tienen resoluciones incluso desde 2014.

Del mismo modo, tienen registro de casi mil comunidades, con más de 30.000 familias, ya asentadas en 14 municipios, la mayoría de la Chiquitania, y otra parte en el Chaco cruceño, sobre más de un millón y medio de hectáreas.

El 75% de la tierra repartida, según el reporte de estas autoridades, fue para la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el 16% a los interculturales, el 5% a indígenas originarios, el 2,1% a las Bartolinas, y el resto a otras agrupaciones.


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