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Hace una semana asumió la Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz y se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo en los últimos 15 años. Cinthia Asin, cuya tarea se hizo mucho más visible en la lucha contra los incendios forestales, es una convencida de que se debe trabajar para lograr ciudades sostenibles y proteger los recursos naturales para las futuras generaciones.

Sencilla, pero con carácter, desde el nuevo cargo que desempeña se ha propuesto dar impulso a la ley departamental para declarar patrimonio natural al área donde se encuentra uno de los acuíferos más importantes del departamento, conocida como Urubó-Güendá. Espera que la norma sea aprobada antes de fin de año o a inicios de la próxima gestión. Son 44.000 hectáreas que se buscan proteger.

Es madre de tres hijos y no esconde su orgullo por ellos ni por su familia. Asegura que el servicio público brinda la posibilidad de cambiar las cosas para un mejor futuro para todos.

_¿Cómo recibe estas nuevas funciones?
Llevó 12 años en la gestión pública, en la Gobernación. Me animé a asumir este cargo porque tengo el respaldo del gobernador Rubén Costas y porque creo en su gestión y en la eficacia y trasparencia en la que él se desenvuelve. En esta administración se han impulsado cambios profundos en la gestión pública y en temas como caminos, carreteras, defensivos, luz y agua, mejoramiento de hospitales y otros.

_¿Tiene algún proyecto específico al que quiere dar impulso?
El rol del secretario general es el de un articulador y facilitador de todas las secretarías y proyectos que se impulsan desde la Gobernación. En este sentido, en lo que queda de la actual administración, se van a priorizar las obras que están en plena ejecución, como la carretera a Okinawa y el puente del Urubó, que será una conexión importantísima entre la ciudad capital y Porongo.

Sin olvidar el Banco de Sangre que es una de las aristas importantes para esta Gobernación, que ha invertido más que el resto de las instituciones públicas en mejorar la salud, con la inversión del acelerador lineal, el tomógrafo, dándole equipos de alta gama y tecnología a la salud pública.

Otro dato importante es la carretera que une San Pedro, La Balanza y La Planchada, que queremos entregar en el primer trimestre del 2021.

Además, en el tema ambiental nos toca aprobar la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural en Güendá-Urubó (UCPN). El proyecto de ley departamental pasará a manos de la Asamblea Departamental y nos va a dar la posibilidad de proteger los acuíferos para futuras generaciones.

_¿De qué se trata?
Fue una línea ambiental trazada por el gobernador; primero nos pidió hacer un análisis sobre el avance de los proyectos urbanísticos que se estaban dando en Porongo, regularizar estos proyectos, ordenar la casa con las licencias ambientales y, luego, hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental hídrico que vino a acompañar al estudio del plan maestro de Saguapac. 

En este estudio se descubre que hay una zona donde existen acuíferos de recarga y nos propusimos declarar esa zona como Unidad de Conservación de Patrimonio Natural para proteger los acuíferos, pues son bolsones impresionantes de agua. 

El proyecto ya fue aprobado por Gabinete y va a entrar a la Asamblea este año o a principios del 2021. Las unidades de conservación se crean a través de una ley. Con una ley queremos crear un área protegida de manejo integral en una parte de Urubó, donde puede haber actividades agrícolas, ganaderas y algún tipo de urbanización ecológica, pero tienen que desarrollarse en el marco de un plan de manejo para que se pueda priorizar la conservación de los acuíferos. 

El fin es garantizar el agua para futuras generaciones no solo para Porongo, sino para Santa Cruz de la Sierra. El agua ya se está cotizando en la bolsa internacional y nosotros tenemos la obligación de proteger una fuente de agua importante, como es el Güendá. Abarca 44.000 hectáreas en los municipios de Porongo y Portachuelo.

_El problema de los incendios, en los últimos dos años fue crítico...
Además de que la quema es una práctica común y del cambio climático, creo que lo que ocurrió el año pasado fue producto de la dotación de tierras que dio lugar asentamientos en todo lado. Tenemos un registro que desde que se aprobó la Ley 741, en 2015, aumentaron los focos de quema al doble; se pasó de 15.000 focos de quema anual en 2015 a 30.000 en 2016. El año pasado tuvimos 55.000 focos de quemas y este año 58.000.

Este año hemos tenido 348 emergencias por incendios forestales, más que en 2019 cuando hubo 307 emergencias, pero solo se han quemado 2.086.000 hectáreas, es decir, la mitad del año, cuando se consumieron 4.200.000 hectáreas. La razón es que esta gestión logramos trabajar de forma coordinada con todas las instituciones, a través del comité de crisis. Asimismo, de forma inédita el comité nacional se instaló en el CEA y tuvimos apoyo internacional.

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