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Nardy Ávila, fiscal de la comisión corporativa 1 de anticorrupción, citará en calidad de testigo a al menos dos ciudadanos de empresas de autoventas por los dos casos que abrió la Cámara Automotor Boliviana (CAB) en contra de Raúl L.B por el presunto delito de enriquecimiento ilícito con daños económicos al Estado.

De acuerdo con Ávila, continuarán con las investigaciones sobre este caso donde también están implicadas dos funcionarias de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). Ayer Raúl L. B se abstuvo de declarar. Dijo, luego de la cita, que él es un gestor aduanero que comercializa para terceros, tiene NIT que lo autoriza a importar más de dos vehículos por año y negó ser funcionario de la ANB.
Su abogado, Luis Antezana, acotó que el Ministerio Público ha dispuesto su libertad, puesto que él ha acreditado tener domicilio, un trabajo legal y que toda la importación e internación de los vehículos lo hizo por la vía legal.

Dijo que en su argumentación cuestionó que la CAB exija exclusividad para la importación de marcas. 
Por su parte, Jerjes Justiniano, abogado de la CAB, explicó que los importadores informales le han encontrado resquicios a las normas existentes para sacar un NIT con la categoría de servicio  e importar más de dos vehículos  al año. 

Dijo que el daño económico al Estado supera los $us 100 millones tanto en importación y una cifra similar a los importadores formales. Cuestionó a la ANB por incumplimiento de deberes y no actualizar sus bases de datos para la importación.  Ayer, la ANB emitió un comunicado en que precisó que de acuerdo al D.S. N.º 2232 incorporó en su sistema informático las adecuaciones para impedir la vulneración a dicha normativa y que ellos cumplen con los controles respectivos. /GR 

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