Escucha esta nota aquí

El Consejo Nacional de Cívicos de Bolivia se reunió ayer en Santa Cruz para determinar las medidas frente a las detenciones de exautoridades y posibles aprehensiones de personas que participaron de las protestas de octubre y noviembre de 2019, por lo que definieron que, en caso de una nueva aprehensión, se realizará un paro a nivel nacional.

“En caso de aprehensión, arresto o detención ilegal de cualquier ciudadano boliviano (incluyendo policías o militares) a título del caso “golpe de Estado”, todo el país ingresará en paro cívico”, señala parte de la determinación de los cívicos.

Ante estos hechos, movimientos sociales afines Movimiento Al Socialismo (MAS) señalaron que no permitirán ningún tipo de acción contra el Gobierno nacional.

Advertencia

El Comité pro Santa Cruz fue el escenario para la reunión de cívicos de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Beni y Pando. Allí, el presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, anunció también que se exige al Gobierno nacional la liberación inmediata de la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez y de sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, además del exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Arce y otro oficial más que se encuentra con detención domiciliaria.

“Denunciamos ante organismos internacionales la grave violación y atropello a los Derechos Humanos para que adopten las medidas inmediatas para proteger al pueblo boliviano de la opresión. Para lo que pedimos se conforme de manera inmediata una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción y persecución política, hasta lograr y consolidar la independencia del sistema judicial de Bolivia”, es otra de las determinaciones

Al encuentro asistió como representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), el exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, quien señaló que en su departamento se decidió que lo que debe hacerse es organizar la movilización nacional en condición de sostenerla hasta que todos los presos políticos sean liberados.

En Cochabamba existe la voluntad de que las movilizaciones continúen. Se las iniciaron el lunes. Pensamos que se las deben mantener hasta la liberación de todos los presos políticos.

El diputado de Creemos, Henry Montero dijo que se presentarán acciones legales contra las detenciones de las exautoridades y si se determina paro apoyarán las manifestaciones.

“Reprochamos cualquier actitud de persecución política que vulnera la Constitución. Ratificamos que no hubo golpe de Estado. Nuestra lucha será tanto en el Legislativo como en las acciones que tome el Comité cívico”, expresó Montero.

Desde Comunidad Ciudadana, el jefe de bancada en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, informó que en la agrupación política también se decidió unirse a un solo bloque opositor, dejando de lado intereses particulares.

“Que sea constitucional y legal, por ejemplo un cabildo o cualquier otra medida reconocida por la Constitución, vamos a apoyar”, indicó Alarcón.

Por su parte, el gobernador electo de Beni, Alejandro Unzueta, lamentó que, en el caso de la expresidenta Áñez, no se respete al juez natural.

“Penosamente estamos viendo de ‘frenos y contrapesos’ que contentan estas acciones autoritarias. Hemos visto que no se ha respetado el juez natural en el caso de la expresidenta pues, para que se respete el derecho al juez natural, no basta con que esté establecido previamente por la ley, sino que debe estar circunscrito por el principio de juez natural que constituye también una garantía de independencia y de imparcialidad. Además, el principio de juez natural es una de las dimensiones que integran el derecho fundamental al debido proceso y estamos seguro que ese es el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Unzueta.

Movimientos en alerta

Cocaleros, interculturales y campesinos anticiparon que asumirán acciones si existen movilizaciones contra el proceso del supuesto “golpe de Estado” que impulsa el oficialismo desde la Fiscalía.

Henry Nina, ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales recordó que esa instancia fue “saqueada” durante la administración de Áñez. “Exigimos que se haga justicia. Hemos visto las amenazas del señor (Luis Fernando) Camacho, de los mismos actores, como (Jorge) Tuto Quiroga, por eso pedimos que paguen ante la justicia y ahora nuevamente quieren convulsionar”, afirmó.

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba también se declaró en apronte y anunció movilizaciones permanentes, a tiempo de denunciar que las marchas en ciudades capitales pretenden “desestabilizar” la gestión de Arce.

“Los mismos actores del gobierno de facto hoy pretenden desestabilizar al Gobierno presidido por el hermano Luis Arce Catacora (…) Nos declaramos en estado de emergencia y movilización permanente a nivel regional departamental y nacional”, señala un pronunciamiento.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos advirtió con asumir “acciones ante cualquier amenaza o agresión al Gobierno democráticamente elegido”.

Representantes del centro minero de Caracoles (La Paz) llegaron ayer a plaza Murillo y anunciaron que están dispuestos a salir para defender “hasta con su sangre”.

Comentarios