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Por Carlos Quinquiví, corresponsal

En la asamblea de la institucionalidad de San Ignacio de Velasco, que se realizó la tarde del lunes, se aprobó un voto resolutivo en el que los ignacianos exigen al Comité Pro Santa Cruz que convoque a la Asamblea de la Cruceñidad para defender las tierras de los municipios chiquitanos y de otras regiones del departamento. Alegan que estas tierras están siendo avasalladas por campesinos, indígenas e interculturales afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

Asimismo, se pide al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la conformación de la Comisión Agraria Departamental (CAD) para detener la dotación de tierras en la zona chiquitana en favor de los afines al MAS.

La asamblea se realizó en el salón Motoyoé del Club Social de San Ignacio y contó con la participación de autoridades locales y cívicos provinciales, junto a dirigentes de algunos municipios de la región. También estuvieron presentes representantes de instituciones y organizaciones sociales de la zona. La ausencia de algunos alcaldes se justificó por la situación de emergencia por Covid-19 que se vive en algunos municipios.

Pese a ser invitado con anticipación, el director nacional (a.i) del INRA, Eulogio Núñez no asistió a la Asamblea para informar sobre la dotación de resoluciones de asentamientos humanos y dotación de títulos a nuevas comunidades en territorios que corresponden a los pueblos chiquitanos.

Dino Franco, presidente del Comité Cívico de San Ignacio, señaló que el director del INRA, en la tercera carta de invitación que se le cursó, confirmó que el 5 de junio estará presente en San Ignacio de Velasco. Dependiendo de los resultados de esa reunión, el bloque chiquitano tomará las medidas que correspondan, según se informó.

El voto resolutivo también autoriza al alcalde ignaciano, Ruddy Dorado, para que inicie los procesos necesarios y desaloje a quienes han avasallado los terrenos del aeropuerto local Juan Cochamanidis. 

La terminal aérea está cerrada desde el 21 de mayo. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desautorizó los vuelos de avionetas y aviones por el peligro que existe, pues hay construcciones a 20 metros en ambos lados de la pista de aterrizaje.

En cumplimiento de otra de las resoluciones asumidas se cursará una invitación al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras para que se reúna con las autoridades de San Ignacio de Velasco y se pueda viabilizar la suspensión en la restricción que prohíbe la exportación de carne de res desde la Chiquitania. El decreto que impide la exportación ha provocado el despido de cientos de trabajadores.

El voto resolutivo de la asamblea ignaciana contempla además la convocatoria a las autoridades nacionales, departamentales y competentes para la verificación in situ y consiguiente informe sobre las 15 concesiones mineras que operan en el municipio.

Gestiones municipales 

El alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, expresó su rechazo a los avasallamientos que se han producido, tanto en el centro ignaciano como a 200 kilómetros del área urbana. A su criterio, las tierras se tienen que respetar, sean de quien sean. Apoyará las determinaciones que propuso la asamblea de la ignacianidad. 

Dorado aseguró que este miércoles sostendrá una reunión, por zoom, con el Ministro de Obras Públicas para tratar una solución definitiva para el antiguo y nuevo aeropuerto, ya que ambos se encuentran inhabilitados. "Como gobierno municipal, nos hemos comprometido a realizar el mantenimiento del camino de acceso al aeropuerto internacional para que empiece a recibir vuelos nacionales. Los avasallamientos nos perjudican en el aeropuerto antiguo, que ha sido cerrado en plena pandemia del coronavirus y eso no se permitirá", dijo el edil.

Desde el viernes 21 no aterrizan avionetas en el aeropuerto local. Los avasallamientos de los terrenos de Aasana se iniciaron el 23 de enero pasado.

El voto resolutivo también respalda a la diócesis de San Ignacio ante la amenaza vigente por el Ministerio de Defensa, que hasta el momento no ha desistido en su afán de expropiar el Cerro de La Cruz sobre terrenos de la Iglesia católica donde están ubicadas las antenas de la Radio Juan XXIII y el Canal 9 de Televisión.

Finalmente, la asamblea resolvió que después del 5 de junio haya una nueva convocatoria regional para asumir medidas de hecho si no se frenan los asentamientos humanos irregulares en la zona.



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