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El presidente de los Comités Cívicos Provinciales, José Ernesto Serrate, participará de una reunión con todos los cívicos del bloque Chiquitano este jueves, 22 de julio, en San José de Chiquitos. El encuentro pretende unificar las acciones de protesta y "hacernos oír" por las demandas de tierra que exigen los indígenas de la región.

"Los pueblos chiquitanos siguen en alerta por la falta de respuesta que reciben por parte del INRA", destacó Serrate. "Los avasallamientos siguen día a día" en los municipios chiquitanos e incluso se ha registrado el ingreso a las áreas protegidas. El encuentro cívico analizará las acciones "necesarias para que nos hagamos escuchar" y, entre ellas, no se descarta el bloqueo de rutas.

Serrate demanda un diálogo con las autoridades del INRA que, hasta el momento, han ignorado la convocatoria a reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), "que es reconocida por la ley y sigue vigente". Incluso, como se determinó en la reunión frustrada de la CAD, los cívicos estudian interponer una denuncia por "incumplimiento de funciones" en contra de las autoridades del INRA.

El responsable provincial de los cívicos observa el poco interés demostrado por el INRA para atender los pedidos de las instituciones cruceñas o de los indígenas del oriente boliviano. Ante este desaire, Serrate propone un cambio de estrategia. "No podemos seguir viviendo de esa manera. Dejemos la calma que hemos tenido, nos siguen avasallando, nos siguen atropellando, siguen haciendo con nuestro territorio lo que les viene en gana", apunta.

2.000 comunidades nuevas bajo el gobierno del MAS

Los cívicos califican como avasallamientos las dotaciones de tierra autorizadas por el INRA pero que carecen de la aprobación de la Comisión Agraria Departamental. "Ninguna de las 2.000 comunidades asentadas durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuentan con esa aprobación", denuncia Serrate. Además, señala que la autorización también requiere el visto bueno de los municipios.

De manera referencial, muestra algunas cifras que contextualizan la situación de las tierras en el departamento. "En Concepción son aproximadamente 300 nuevas comunidades, de las cuales solo 30 tienen su reconocimiento por  el municipio porque lograron sacar la personería jurídica. Las demás no las tienen", revela el cívico. Aclara que son más de 10 años en los cuales no han regularizado esta situación.

En otros municipios se producen situaciones similares. Serrate contabiliza unas 350 comunidades en San Ignacio de Velasco, de las cuales solo 50 contarían con la personería jurídica. En San José destaca que son cerca de 500 y solo unas 100 estarían regularizadas.

"En San Miguel, de 75 órdenes de asentamiento, todas son fantasmas; solo están en papeles", denuncia el cívico provincial. La realidad en San Rafael revela que, de 138 comunidades identificadas, solo 28 estarían asentadas legalmente. "20 son chiquitanas y más de 100 son fantasmas", señala.

En concordancia con lo que se acordó en la Comisión Agraria Departamental, en la reunión que se llevará a cabo en San José de Chiquitos "exigiremos que haya auditoría para saber quiénes son los que están en nuestro territorio y las que no cumplen la Función Económica Social serán revertidas como dice la ley".

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