Los cívicos provinciales de Santa Cruz se declararon en estado de emergencia ante la orden de aprehensión librada contra el presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Rodríguez Ojopi, dentro del proceso judicial por la muerte de un ciudadano durante el paro cívico de 36 días de 2022.

"Se activa nuevamente la persecución política, en contra de los que piensan diferente a este narco-gobierno tirano, teniendo ya tres presos políticos injustamente", dice la resolución del directorio de las 15 provincias de Santa Cruz.

El documento expresa el apoyo incondicional a Mario Rodríguez Ojopi, declara estado de emergencia y advierte con llamar a un directorio ampliado para determinar medidas de hecho, en caso de continuar "esta abusiva persecución", finaliza.

El presidente de la institución, José Serrate, explicó que el hijo del hombre fallecido declaró que su padre murió a consecuencia de un paro cardíaco producto del humo que inhaló durante la manifestación y no por golpes recibidos, como señala la acusación.

Serrate dijo que el dirigente de Puerto Quijarro no es el único perseguido injustamente. Explicó que en la misma situación se encuentra el líder cívico de Concepción, David Moreno. Por un hecho del que no participó como es el incidente entre miembros de la comunidad ayorea y el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez.

El representante cívico indicó que no permitirán que ningún dirigente cívico provincial más sea procesado injustamente "por pensar diferente".

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