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Tres días después del cabildo del 4 de octubre la dirigencia cívica comenzó el trabajo para hacer cumplir las determinaciones asumidas. Una comisión liderada por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se desplazó ayer a la Chiquitania para iniciar el proceso de verificación de asentamientos ilegales, dando cumplimiento a las medidas aprobadas. Sectores afines al MAS aseguran que con esto se busca la confrontación y que solo los sacarán en miles de ataúdes.

La comisión viajó a la Chiquitania tras concluir el plazo que establecieron (hasta las 12:00 de ayer) para que el INRA proceda a desalojar los asentamientos ilegales. La comitiva pretende reunirse con representantes de ocho municipios (Concepción, San Ignacio, San José, San Rafael, San Miguel, Roboré, El Carmen y Puerto Suárez). El primer encuentro fue en Concepción, con la intención de hacer un relevamiento de los asentamientos ilegales que tienen cada uno de estos municipios.

Esta medida surge de una de las preguntas que hizo el líder cívico en su discurso ante la multitud: ¿Están dispuestos a impedir y desalojar las dotaciones y asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas, ejecutado por el INRA, que no hayan cumplidos todos los requisitos establecidos por ley? Y la multitud respondió que sí.

“Con su respuesta afirmativa, damos plazo al INRA hasta el día lunes 7 de octubre, a las 12:00, para que haga el desalojo de los asentamientos ilegales, caso contrario se procederá a las 12 y un minuto, a verificar la ilegalidad y hacer cumplir el mandato de este Cabildo”, remarcó Camacho.

Muchos esperaban que hoy comience un desalojo forzoso, pero los cívicos resaltan que harán cumplir el mandato del pueblo enmarcados en el diálogo. “Tenemos el listado de todos los asentamientos, estamos coordinando con los alcaldes para hacer un relevamiento claro. Vamos a proceder al desalojo con el pueblo; aquí no se trata de bala, machetes, ni palos”, remarcó Camacho.

La comisión trabajará hasta este miércoles o jueves, porque quieren tener datos precisos.

Rony Justiniano, vicepresidente del Comité Cívico Provincial y presidente de la provincia Velasco, aclaró que en ningún momento se señaló que harán desalojos con violencia y que todo está siendo coordinado. El dirigente puso sobre la mesa el tema de que muchas de las comunidades ilegales no tienen vivientes. “Usted va a esas comunidades y no hay gente, porque no viven en el lugar, solo están es deforestando, chaqueando y se salen”, manifestó.

En criterio de Justiniano, mucha de esa gente que figura como campesinos fue trasladada con intereses electorales, pero no vive allí. “En San Ignacio de Velasco se ha dado el caso de una comunidad, que la ingresaron al POA, porque solicitaron un pozo de agua, pero cuando los funcionarios municipales visitaron el terreno solo había tres vivientes”, afirmó.

El MAS los cuestiona

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, pidió ayer al Comité pro Santa Cruz que fabrique miles de ataúdes para desalojar a campesinos de la Chiquitania porque, dice, que solo muertos dejarán sus tierras.

“Lamentablemente lo que está buscando (el Comité pro Santa Cruz con la determinación del cabildo) es una confrontación entre cruceños. Si quieren desalojarnos a los compañeros que hagan miles de cajones porque muertos nos van a sacar”, advirtió Herrera, en conferencia de prensa.

Además, calificó las determinaciones del cabildo como discriminatorias y desatinadas al dar ultimátum a los colonos.

Por su lado, el ejecutivo de Interculturales de Santa Cruz, Wilson Cáceres, afirmó que los colonos no permitirán que un grupo de personas los desalojen de sus tierras porque fue una dotación para hacer agricultura.

“Quieren enfrentamiento van a tener, quieren convulsión lo van a tener. Nosotros no tenemos miedo a estos pequeños grupos que quieren tomar el poder nuevamente, quieren vender nuestro Estado boliviano”, dijo Cáceres.

Advirtió que existe una organización para hacer frente a los desalojos a través del Bloque del Oriente, integrado por organizaciones campesinas e indígenas del oriente boliviano, y el Pacto de Unidad. Además, analizarán el tipo de medidas que van a tomar en relación a los desalojos anunciados.

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Edgar Montaño, critica la forma en que se pretende hacer los desalojos, porque sostiene que los cívicos no tienen en sus manos la potestad para definir cuáles asentamientos son ilegales o legales. “Hay resoluciones muy apresuradas, al calor, a la euforia de un mitin político, de este cabildo como le vayan a llamar, esos son algunos excesos que no se pueden repetir”, indicó

Control electoral

Los cívicos cruceños anunciaron que están armando toda una logística para hacer el control del voto en las elecciones, dando cumplimiento al mandato del cabildo que determinó ir a las urnas con la consigna del voto castigo a Evo Morales.

“En la papeleta hay hombres y mujeres que están habilitados legalmente en estas elecciones, escojamos entre los habilitados y castiguemos a nuestro dictador”, remarcó el presidente que también pidió cuidar el voto.

Como respuesta a esta medida, ayer anunciaron que comenzaron el trabajo con un grupo de jóvenes que está elaborando el mecanismo de control que van a realizar. En el Comité montarán toda su logística para tener un control y denunciar si es que llegaran a detectar algún fraude.

Este grupo de jóvenes está coordinando con el resto del país y analizan si será un movimiento netamente ciudadano o si en alguna región necesitarán de la estructura de alguna fuerza política

En La Paz alistan cabildo

Waldo Albarracín, del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), convocó ayer a los paceños a participar del cabildo de este 10 de octubre, en La Paz, y que demuestren convicción democrática, como ocurrió en Santa Cruz. “Si los cruceños y cruceñas han tenido la convicción democrática de ir voluntariamente al cabildo para exigir democracia y condenar el incendio de la Chiquitania, por qué en La Paz no podemos demostrar esa convicción”, señaló.

Los cívicos cruceños dieron a conocer que contrataron a una empresa que se encargó de calcular el número de asistentes, por lo que pueden afirman que en el cabildo del pasado viernes acudieron 1.559.000 personas. “Lo hicimos con fe a los pies de nuestro Cristo”, indicó Albarracín.

El rector de la UMSA dijo que la demanda fundamental del cabildo paceño será la defensa de la democracia, la defensa del 21-F, transparencia en las elecciones generales y que el binomio oficialista -Evo Morales y Álvaro García Linera- desista de su postulación.