El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aplaudió este sábado la aplicación estricta del estado de excepción decretado por el Gobierno y exigió el desbloqueo inmediato de las carreteras que aún permanecen cerradas, particularmente en el municipio cruceño de San Julián. Además, atribuyó a los promotores de las movilizaciones la responsabilidad por las pérdidas económicas, los fallecimientos y la paralización productiva registradas durante más de 50 días de conflicto.
En una conferencia de prensa, el dirigente cívico calificó la medida excepcional como una decisión “histórica” y sostuvo que fue una demanda reiterada de distintos sectores de la población que reclamaban garantías para el libre tránsito, el abastecimiento de alimentos y el desarrollo de las actividades económicas.
“Después de más de 50 días de bloqueo, muerte y destrucción del aparato productivo, el Gobierno finalmente decretó el Estado de Excepción. La población exigía esta medida para recuperar sus derechos, poder trabajar, producir y abastecer a sus familias”, afirmó.
Cochamanidis cuestionó el impacto de las protestas y señaló que el país enfrenta consecuencias económicas y sociales de gran magnitud. Según sus estimaciones, los bloqueos provocaron pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares, afectaron a más de 150.000 fuentes laborales y ocasionaron más de una veintena de fallecimientos.
El líder cívico sostuvo que los responsables de las movilizaciones deben responder ante la justicia por los daños ocasionados y aseguró que el Comité pro Santa Cruz impulsará acciones para que los hechos no queden impunes.
San Julián, el principal foco de conflicto
Respecto al bloqueo que persiste en San Julián, Cochamanidis indicó que mantiene comunicación con autoridades policiales, militares y departamentales para buscar una solución negociada. Sin embargo, advirtió que, si el diálogo fracasa, corresponde la intervención de las fuerzas del orden para garantizar la transitabilidad.
“Si no se logra una solución mediante el diálogo, la Policía y las Fuerzas Armadas tienen la obligación de dejar expedita esa carretera. Es el único bloqueo que continúa causando graves perjuicios al aparato productivo de Santa Cruz”, manifestó.
El dirigente remarcó que la apertura de esa vía es fundamental para restablecer el flujo de productos, combustibles y mercancías hacia distintas regiones del país.
Durante la misma conferencia, representantes del sector agropecuario respaldaron la aplicación del estado de excepción y alertaron sobre las consecuencias que los bloqueos dejaron en la producción nacional.
Según los datos expuestos, la cadena productiva vinculada al agro, transporte, industria, exportaciones y comercio registró pérdidas cercanas a los 50 millones de dólares por día. Los dirigentes señalaron que sectores como la avicultura, la porcicultura y la producción lechera fueron algunos de los más afectados por las restricciones al transporte.
Asimismo, advirtieron que varias empresas cerraron operaciones y que la recuperación de las cadenas productivas demandará tiempo, incluso después del levantamiento de las medidas de presión.