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"Presidente del Senado, hablemos de las reservas de gas, hablemos de la reactivación económica, dejemos atrás las cortinas de humo", solicitó el senador opositor de Creemos, Henry Montero. Otras voces opositoras al Gobierno también cuestionaron el énfasis con que afines al Movimiento al Socialismo han dimensionado el problema de la wiphala.

El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, advierte sobre la arremetida del Gobierno para aprobar "leyes de a poquito" y así implementar "la reformas inconstitucionales del Código Penal que logramos detener con las movilizaciones en el 2018".

Al igual que Montero, el cívico observa un intento por distraer la atención mediática y despistar la opinión pública mientras se avanza con la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Dimensiona algunas irregularidades que se incluyen en la norma como la propuesta en el artículo 18 que "dice que todos los ciudadanos tenemos que denunciar cualquier sospecha, no se necesita indicios".

De esta forma, el "gobierno busca concentrar en el aparato Ejecutivo todo el poder", se denuncia desde el Comité Cívico. Con la aprobación de la ley, "se salta a la misma Fiscalía, se salta al poder judicial, no se necesita orden de allanamiento" para requisar una casa ante la simple sospecha.

Larach resalta que los comerciantes informales, aquellos que no emiten facturas, no podrán demostrar sus ingresos y se arriesgan a perder todo lo ganado, según contempla la ley. 


El senador opositor de Creemos, Henry Montero, recalca que la ley de legitimación de ganancias ilegales es una ley "para la persecución". Actualmente la norma está pendiente de revisión en el Senado tras la aprobación en la Cámara de Diputados.

"Son leyes para fortalecer el proyecto político en perjuicio de los bolivianos", detalla el legislador de Creemos. Y muestra de ese interés de imponer la ley se refleja en la insistencia por desviar la atención con cortinas de humo como la polémica por la wiphala. 

Montero incide en su crítica al Gobierno y el papel que desempeña Arce "como presidente de los bolivianos, no solo del 56% que votó por él". Además, cuestiona, "más parece el vocero de Evo", complementa el senador.


Por su parte, la diputada uninominal de la región chiquitana, María René Álvarez, acusa al Gobierno de incrementar la tensión por la wiphala con el interés de desprestigiar la marcha indígena. Las calificaciones emitidas por personeros del Ejecutivo y del MAS consideran un trasfondo político en la movilización indígena.

“Dejen de confrontar al pueblo cruceño, dejen de confrontarnos a los bolivianos. (…) Pónganse a trabajar en los problemas estructurales que necesita resolver el país; el pueblo necesita salud, educación, trabajo”, afirmó en rueda de prensa.

Álvarez se refirió a las declaraciones de la diputada del MAS, Tania Paniagua, quien denigra la protesta indígena al calificarla como un acto político. Adelanta que planteará el caso ante la Comisión de Ética de Diputados por las ofensas emitidas en contra de los indígenas de las tierras bajas.

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