Colonos reiniciaron desmontes dentro del área protegida Bajo Paraguá

Según los entrevistados para esta nota, todos están informados del daño, pero la única medida adoptada hasta la fecha ha sido, después de más de un año de creación del área protegida municipal (APM) Bajo Paraguá, aprobar el reglamento en reunión del Comité de Gestión, el pasado 26 de abril.

Un monitoreo satelital del Observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) evidenció que entre enero y marzo de este año se abrió una brecha de siete kilómetros dentro del APM, similar a la que se hizo en 2021, y que derivó en notificaciones y sanciones administrativas a los colonos responsables, de parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT).

De acuerdo a los expertos forestales, esta apertura de brechas es una estratégica forma de delinear el esqueleto de los futuros asentamientos humanos a los costados de estas rutas.
Sin embargo, a pesar de que la brecha es relativamente nueva, durante toda la pasada gestión, de acuerdo con los datos satelitales, se mantuvieron los cultivos dentro de la zona, incluso con algunas quemas pequeñas de por medio. 

“La verdad es que hay que estar encima. Como Comité Cívico no tenemos nada de la ABT sobre la situación de las notificaciones”, indicó Dino Franco, presidente cívico de San Ignacio de Velasco, municipio donde se encuentra el área protegida municipal.

Franco dijo que la defensa de Bajo Paraguá corresponde al alcalde Ruddy Dorado. “Cuando se creó el Comité de Gestión, el alcalde quiso pasarle esa responsabilidad”, cuestionó.
La diputada chiquitana por Creemos, María René Álvarez, lamentó que no haya sanciones hasta la fecha. “Es la misma gente la que sigue deforestando y la ABT no da respuesta”, apuntó Álvarez. 

La legisladora informó que, agotando las instancias, ha enviado dos peticiones de informe escrito y una minuta de comunicación sobre el tema.

 “Estamos trabajando en un recurso legal para definitivamente seguir el incumplimiento de deberes a la instancia que corresponda, que es la ABT. Y parte de la responsabilidad la tiene el Municipio, porque es área municipal”, dijo.

El subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage, también está al tanto de los daños ambientales, sabe que los colonos abrieron una brecha más “y que han hecho un desmonte de tres kilómetros adicionales”.

Para la autoridad, la ABT no hará juicio a su gente, y dijo que basta ver lo ocurrido con Nemesia Achacollo.

 “Dijeron que citaron (a los colonos) y solo eso. La ley no vale (para ellos), pero si usted es originario o propietario y desmonta una hectárea, le siguen un proceso y multa, con riesgo propietario.
Vaca El Hage criticó que dé vueltas a las determinaciones, que diga que no encuentra a los autores, etc., y sobre todo lamentó que, para denunciar, pida de todo, coordenadas, etc.

Apuntó a la ABT, el INRA y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como los “gestores de estos avasallamientos y desmontes”. También recordó que los colonos o “interculturales” desmontan con tractor y que la ABT tiene esa información de forma inmediata, vía satélite, “en línea, pero no va al lugar. Sin embargo, ni bien detectan el desmonte en línea, llegan para multar a los empresarios o a los del lugar”, dijo.

Consultado sobre el tema, el director departamental de la ABT, Luis Flores, indicó que cuando hubo las denuncias llegaron hasta el lugar, incluso con autoridades locales de San Ignacio, y dejaron citaciones. 

“Las denuncias fueron en febrero (del año pasado), y se dejaron citaciones de comparendo. Hay dos procesos administrativos sancionatorios en el Bajo Paraguá”, informó.
La autoridad reconoció que el asunto solo quedó en sanción administrativa, “es lo que damos, pero como es reserva municipal, hago hincapié en que el Municipio ponga a sus guardaparques, ya tienen su reglamento”, aseveró. 

Flores se comprometió a citar a la diputada María René Álvarez, y dejó clara su predisposición a dar la información necesaria. “No hay nada que esconder, daré coordenadas, etc.”, comprometió.
Asimismo, ya sobre el nuevo desmonte, Flores dijo que recién hizo un sobrevuelo, como consta en sus redes sociales.

 “Hemos detectado una senda, parece un camino, a denuncia de una diputada y otras personas. Detectamos el desmonte de 7,5 km, el área afectada es aproximadamente de 8 hectáreas”, indicó.

El director departamental de la ABT aseguró que ha ordenado que se vaya por tierra a detectar si hay personas en ese lugar y dejar citaciones de comparendo.

 “Nuestra única competencia es dejar comparendos porque el desmonte es ilegal. Más allá no podemos ir porque el proceso es administrativo”, enfatizó.

Flores aprovechó para recalcar que se trata de una reserva municipal, que ya tiene una normativa, y que hablaría con el alcalde de San Ignacio sobre el tema.
Dijo que Bajo Paraguá ya debería tener guardaparques, considerando que constantemente están haciendo las denuncias a la ABT por las redes sociales, “pero no está cumpliendo con sus obligaciones el Municipio, de poner guardas”, dijo.

EL DEBER se comunicó con el personal del equipo de trabajo de Ruddy Dorado para obtener mayores datos de parte del Ejecutivo municipal, pero no hubo respuesta.
El concejal ignaciano por Creemos, Cristian Méndez, dijo que el compromiso asumido es que la Fundación Natura se haga cargo de los pagos a dos guardaparques, y que la Alcaldía asumiría el resto del personal.

Según María Teresa Vargas, directora ejecutiva de Natura, el ofrecimiento al alcalde es pagar el 50% del salario de un especialista en áreas protegidas, vinculado a Bajo Paraguá, pero aclaró que aún falta que Dorado busque a la persona indicada.

En cuanto a los guardaparques, Vargas explicó que, si bien como fundación cuentan con los recursos económicos, no pueden operar sin contrapartida porque se trata de un deber público.
La directora de Natura también adelantó que la fundación asumiría el 40% del costo de la obra física en Bajo Paraguá, y que aparte tendría que darse un aporte de la Alcaldía ignaciana y también de la Gobernación.

Del mismo modo, informó que Natura ya elaboró un plan de manejo del área protegida municipal, el mismo que tiene varios componentes. “Lo más lindo de todo, y que está contenido en el plan de manejo, es que se han encontrado como tres nuevas especies para la ciencia”, informó.
También dijo que se hizo una evaluación rápida de la biodiversidad de Bajo Paraguá, a cargo de expertos del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y se descubrió que en el área municipal existe una biodiversidad tan rica como en el Área Protegida Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM). 

Ya hay reglamento
El pasado 26 de abril, tras más de un año de creación del área protegida, finalmente se aprobó el reglamento de Bajo Paraguá, lo que debería allanar el camino para la construcción de la infrastructura necesaria y la contratación del personal especializado, incluidos los guardianes de casi un millón de hectáreas. No se dio una fecha exacta para materializar toda esta movilización de recursos y de personal, pero hubo presencia institucional en la reunión.

 Participaron el subgobernador, la diputada Álvarez, el alcalde de San Ignacio, cívicos, y también Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión que denunció amenazas de muerte del narcotráfico, que tiene fuerte presencia en la zona, desde Santa Rosa hasta la frontera con Brasil. 

Existen quemas
Un reporte de los primeros días de abril, a cargo del Observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, informó sobre la intensificación de las quemas en el departamento cruceño, incluyendo la provincia Velasco, debido a las actividades agrícolas y pecuarias.

Entre las zonas monitoreadas apareció con quemas el área protegida municipal Laguna Marfil.
En lo que respecta a las quemas, Luis Flores dijo que solicitaría un informe a la Unidad de Monitoreo e Información Geoespacial, dependiente de la dirección nacional de la ABT.
“Sí hay focos de calor, y si los hay, haremos conocer ese informe. Sin embargo, hay lugares donde otorgamos derechos de quema, pero son controlados. En algunos lugares ya están autorizadas las quemas, pero primero quiero pedir la información para hablar con propiedad”, dijo.

Los monitoreos muestran quemas, cuando aún no empieza la época más crítica, de junio a octubre, cuando se abren las autorizaciones.