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Luego de presionar con un bloqueo al anterior alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, para ser incluidos en el área protegida (AP) Bajo Paraguá, un grupo de colonos advirtió, como consta en un acta, que retiraría el mojón que marca el inicio de la zona de protección.

José Tarima, uno de los gestores del AP, denunció que el mojón y el letrero que prohíbe los asentamientos, ambos en distintos puntos, fueron retirados de la zona, a pesar de que Bajo Paraguá ya se encuentra protegida por ley municipal y de que su situación ha sido formalizada. La misma denuncia fue realizada por una ONG ambiental que trabaja en la zona.

Hace unos días, el exalcalde Salces dirigió una carta a Ciriaco Umaña, dirigente de la Central Sindical de Trabajadores de la Comunidad San Martín, que acompañó el bloqueo de los colonos, indicándole que la inauguración del mojón se postergaría hasta que el INRA responda oficialmente por la situación de los que dicen habitar el lugar.

 "Informamos que hemos solicitado al INRA la información sobre el estado de los supuestos asentamientos de las comunidades Los Cedros, Rancho Grande, Satélite, Villa Verde, San Salvador, 15 de octubre y Nueva Generación, dentro del área protegida. Mientras que el INRA no se pronuncie y no contemos con información oficial, en respuesta a nuestra solicitud, el mojón se mantiene y se posterga su inauguración", dice la nota.

La Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) emitió un informe, con respaldo de análisis satelital multitemporal, en el que deja en claro que los desmontes, solo de brechas, empezaron en noviembre de 2020, tras las elecciones, afectando hasta el momento 67 hectáreas dentro de la zona protegida municipal.

Asimismo, EL DEBER viajó hasta la zona y verificó, por tierra y con sobrevuelo, brechas abiertas donde no había asentamientos, pero sí asignación de territorios, solo con letreros, a comunidades como Satélite, Rancho Grande y Los Cedros

Hasta la fecha, el INRA ha guardado silencio sobre este tema específico y la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT) solo emitió un informe en febrero, pero no hubo sanciones.



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